POR RAFAEL TORIBIO
El concepto de soberanía ha estado unido sustancialmente, desde el mismo momento de su origen, con el del Estado Moderno, aparecido como forma de organización del poder y de dominación política, desde el Renacimiento. La Soberanía hacía referencia al poder que se ejercía, incluyendo el monopolio de la fuerza, en un territorio determinado.

Es más, en un primer momento, la soberanía sólo llegaba hasta los límites donde el gobernante podía imponer su autoridad, muchas veces determinada por el alcance de sus cañones. Desde sus inicios, la soberanía suponía, en lo interno, un poder autónomo al que estaban subordinados todos los otros poderes. Respecto a lo exterior, era un poder independiente, que solo reconocía y aceptaba poderes iguales. La soberanía confería al poder político autonomía en lo interno e independencia en lo externo.

En un primer momento la soberanía estuvo asociada al absolutismo, por la razón de quienes reivindicaban el poder soberano del Estado eran gobernantes que lo ejercían sin ninguna limitación. Posteriormente, por influencia del Liberalismo, el ejercicio del poder se ve limitado por los otros poderes del Estado y por los derechos y libertades de las personas, en la medida que se consolidaba el Estado de Derecho. Hoy en día la soberanía del Estado y de las autoridades electas por la ciudadanía para que ejerzan el gobierno, está limitada en su ejercicio por varios factores, internos y externos. Imponen restricciones a la soberanía en lo externo, limitando su independencia, la globalización y la interdependencia, los tratados y acuerdos internacionales, la hegemonía de los países mas desarrollados, los organismos internacionales de cooperación, entre otros. En lo interno, los grupos empresariales y financieros, los gremios, la Iglesia Católica, los medios de comunicación, también limitan con su poder el ejercicio de la autonomía que confiere la soberanía. Así pues, los llamados poderes fácticos, internos y externos, imponen restricciones a la soberanía del Estado y al ejercicio del poder a las autoridades electas.

En Europa, cuna del Estado Moderno, del ejercicio primario de la soberanía y de la evolución hasta sus limitaciones actuales, el proceso de integración ha dado como resultado que todos los Estados y las autoridades democráticamente electas tengan que aceptar algunas restricciones a la soberanía del Estado, por lo que respecto a lo exterior se ha impuesto la llamada teoría de la «soberanía compartida». En nuestro caso, específicamente de República Dominicana, mas que de una soberanía compartida, por la aceptación de restricciones a la soberanía en la relación entre iguales, lo que nos ha quedado es el ejercicio de una «soberanía limitada», por la acción, tanto de los poderes fácticos internos, como externos. El curso que ha seguido la propuesta de la reforma fiscal es el mejor ejemplo. Veamos.

El ajuste tributario, más que una reforma fiscal, que se discute en el Congreso no ha sido una decisión del Estado de proponer una reforma para financiar el desarrollo de la Nación, sino un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional para hacer viable un acuerdo firmado y violado por el gobierno en dos ocasiones. Según informaciones, la propuesta fue elaborada por las autoridades electas en consulta con técnicos de ese organismo. Se espera que, al final, lo aprobado en nuestras Cámaras Legislativas tenga el visto bueno de las autoridades del Fondo para que el acuerdo se restablezca, fluyan algunos dólares y la comunidad financiera internacional nos dé las facilidades que sean recomendadas por nuestro buen comportamiento. Recordemos, no obstante, que la propuesta de reajuste tributario es para, vía impuestos, obtener recursos económicos suficientes para cubrir déficits, mantener el equilibrio macroeconómico, pero no se contempla nada destinado para invertir en el desarrollo humano. Tenemos que hacer lo que otros deciden que debe ser hecho, no lo que nosotros, de manera soberana, entendemos que es conveniente y necesario. Recordemos también que la propuesta sometida al Congreso ha sufrido varias modificaciones por la presión de grupos de poder que sienten sus intereses afectados, logrando pasar la carga tributaria a impuestos indirectos que afectan a todos los ciudadanos.

Poderes externos e internos limitan la autonomía del poder político de las autoridades electas, y no siempre lo hacen para preservar el bienestar de la ciudadanía, sino para defender sus particulares intereses. Mientras tanto, los gobiernos no pueden satisfacer las expectativas y las demandas de los ciudadanos y se produce la frustración y la desesperanza que se manifiesta en el descontento con la política y con los políticos porque pasan gobiernos y los problemas permanecen, algunos agravados.