Soberanía

Desde el surgimiento del Estado moderno hemos vivido con la ilusión de que en verdad la soberanía es un principio de igualdad que rige las relaciones entre los Estados. Nada más ilusorio; solo aquellas naciones poderosas han disfrutado de verdadera soberanía interna como externa.

La soberanía de los Estados ha sido mientras sus decisiones no trasciendan sus dominios y con ello afecten sus relaciones con otros Estados, o así sea entendida. Hasta el siglo pasado vimos cómo aquellos derechos de soberanía en muchos Estados fueron vulnerados de forma olímpica y hasta insolente por las atemorizantes cañoneras de las potencias mundiales.

En los nuevos tiempos existen otros mecanismos menos evidentes e intimidatorios; pero no por esto han sido menos efectivos. Los múltiples acuerdos y tratados que cada vez enlazan y crea nuevas obligaciones y responsabilidades entre las naciones restringen sus capacidades de soberanía dentro de su ámbito de territorialidad.

Adicionalmente, en las relaciones entre las naciones a medida que las necesidades modernas, sobre todo económicas, han ido haciendo más vinculante entre los Estados, este viejo y grandilocuente concepto se ha ido haciendo más difuso y va quedando como una romántica reliquia del pasado aunque todavía infla el espíritu eso de “nación libre y soberana y de libre determinación”, aunque ya estamos conscientes que el mundo dejó de ser ancho y ajeno.

En la relación entre las naciones en la nueva sociedad global, el respeto por los derechos y la condición del individuo ha adquirido una mayor preocupación de los Estados rectores del mundo y esto ha arrastrado a los demás en esa misión e interés con un nuevo espíritu de solidaridad con aquellos conglomerados y pueblos cuya dignidad humana les sea vulnerada en alguna forma.

La decisión que tomó el Tribunal Constitucional, órgano del sistema jurídico de la República Dominicana, dentro del rol de soberanía en que se desenvuelve este Estado, independientemente de los desacuerdos que ese dictamen ha levantado en la opinión pública, tanto en el ámbito nacional como en el exterior, lleva a reflexionar hasta dónde este concepto de soberanía se puede aplicar en nuestro país.

La República Dominicana, hay que admitirlo, perdió hace tiempo aquellos hombres con gran capacidad de negociadores internacionales que les servían a la nación cuando algún conflicto diplomático lo requería. No hemos desarrollado quienes les hayan sustituido con parecida destreza y sabiduría en el vidrioso campo de la discusión internacional, además el mundo es otro. Esperemos ver qué experiencia sacamos de la controversia en que nos hemos visto envueltos por haber ejercido un derecho soberano de Estado al tratar de dar inicio a la regularización de extranjeros en el país. El acercamiento con espíritu sereno y constructivo y la ausencia de estridencia vocinglera es lo que debe imponerse para una solución airosa.