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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El inicio de una consulta nacional sobre la reforma constitucional sería sobreabundante y una forma de perder el tiempo, puesto que ya se hizo en el anterior gobierno del presidente Leonel Fernández lo mismo que en el siguiente de Hipólito Mejía. El consenso ha sido amplio sobre la instauración de una asamblea constituyente por elección popular, como mecanismo para reformar la constitución de la República y del mismo han participado relevantemente tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como su líder el doctor Fernández.
Si se va a emprender en serio una reforma constitucional es fundamental rescatar la propuesta de consenso nacional elaborada en el 2001 y el pacto para una reforma constitucional que los tres partidos mayoritarios suscribieron el 27 de septiembre de ese año, teniendo como testigos al presidente Hipólito Mejía y a Monseñor Agripino Núñez.
Propuesta incoherente
La mayoría congresional obtenida por primera vez por el PLD en los comicios del mes pasado ya ha comenzado a determinar cambios en los compromisos programáticos de la organización y en el discurso del presidente Leonel Fernández.
Ha llamado la atención la prioridad que el gobierno atribuye a la reforma constitucional y que el presidente Fernández considere ahora que el mecanismo de la Asamblea Constituyente es traumático y costoso.
Para algunos analistas la propuesta de iniciar una amplia consulta nacional sobre la reforma constitucional es redundante puesto que ya se ha hecho varias veces en la última década, y no faltan quienes creen que se trata de un mecanismo para desviar la atención de importantes problemas nacionales. Una nueva consulta a la población para reformar la Constitución ignoraría los acuerdos del Diálogo Nacional auspiciado por el anterior gobierno del presidente Fernández, así como el proyecto de consenso elaborado en el 2001 por una amplia comisión creada por el presidente Hipólito Mejía, y el pacto para la reforma constitucional suscrito en septiembre del mismo año por los tres partidos mayoritarios.
Esta semana monseñor Núñez Collado anunció que una comisión ha comenzado a trabajar en un esquema para la reforma constitucional que presentarán al gobierno a mediados de julio para luego escuchar las propuestas de los diferentes sectores sociales.
La comisión está integrada por el Consejo Económico Social e Institucional que coordina el propio Agripino Núñez, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado, que dirige el sociólogo Marcos Villamán, y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, a cargo del también sociólogo Carlos Dore.
Para mayor muestra de ignorancia de los consensos y pactos nacionales sobre la materia, el gobierno busca los servicios de consultores extranjeros para que elaboren un documento base a ser sometido a consideración de los diversos sectores sociales.
Amplio consenso
En la primera mitad del gobierno de Fernández (1996-00) tuvo efecto una amplia discusión sobre la reforma constitucional, que culminó en un Diálogo Nacional que incluyó consultas por todo el país durante varios meses.
Todo comenzó en octubre de 1996, dos meses después de instaurado el primer gobierno de Fernández, cuando mediante decreto 484-96 creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, integrada por 21 representantes del gobierno y las organizaciones sociales.
Entre los objetivos del nuevo organismo se señaló específicamente presentar propuestas sobre los contenidos fundamentales de la reforma constitucional y las modificaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida por voto directo de los ciudadanos.
Desde entonces y hasta agosto de 1998 cuando legisladores peledeistas y reformistas intentaron una reforma constitucional, se produjo un intenso debate. La generalidad de las instituciones y dirigentes políticos participantes, incluyendo a los del PLD y su gobierno, favorecieron la instauración de la Asamblea Constituyente por elección popular.
Un libro que resume lo publicado en los periódicos sobre la reforma constitucional, editado por la Comisión para la Reforma del Estado, recoge una opinión mayoritaria a favor de la Asamblea Constituyente y de rechazo a una reforma determinada por los intereses de quienes controlen el Congreso Nacional.
A favor de la Asamblea Constituyente se manifestaron numerosos dirigentes peledeístas, resaltando el Presidente Fernández y Danilo Medina en dos ocasiones cada uno, y el entonces secretario general del partido morado Lidio Cadet, quien la reclamó por lo menos 6 veces, llegando a proponer que fuera electa en los comicios de 1998.
El 10 de agosto de 1998 el presidente Fernández fue categórico en que la reforma debía hacerse mediante una Asamblea Constituyente, un día después que se anunciara que el Comité Central de su partido propondría un mecanismo para instituirla.
El 18 de agosto del 1998 Cadet llegó al grado de emplazar a los partidos de oposición, que entonces controlaban el Congreso, a comprometerse en la institución de la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma de la Constitución.
Apoyo generalizado a el 12 de marzo, el doctor Onofre Rojas, quien dirigía la Comisión Presidencial de Reforma del Estado, había anunciado la elaboración de un proyecto de ley para modificar los artículos 116-118 de la Constitución a fin de instituir la Asamblea Constituyente por voto directo. No hay un solo sector de la vida nacional que no esté de acuerdo con ese mecanismo, proclamó.
El libro ya citado recoge una gran cantidad de opiniones favorables a la elección de una Asamblea Constituyente, que incluyó a los obispos católicos, relevantemente al Cardenal López Rodríguez, quien la reclamó cinco veces, lo mismo que Max Puig. Onofre Rojas en cuatro ocasiones, Danilo Medina, César Pina Toribio y Milton Ray Guevara en dos oportunidades.
Personalidades ya desaparecidas como César Estrella Sadhalá, Julio G. Campillo Pérez, Manuel García Lizardo y Ramón Tapia Espinal también favorecieron el mecanismo de la Asamblea Constituyente, lo mismo que muchos juristas, incluyendo a Jottin Cury, Milton Ray Guevara, Marino Vinicio Castillo, Franklin García Fermín, Mario Fread Vittini y Ramón Blanco Fernández.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, las fundaciones Institucionalidad y Justicia y Siglo 21, asociación de Abogados Empresariales y la Confederación Autónoma Sindical Clasista también favorecieron la Constituyente por voto directo.
El PRD no quedó atrás y su líder José Francisco Peña Gómez, quien siempre favoreció la Asamblea Constituyente con amplia participación social, propuso al presidente Fernández que se eligiera sus integrantes junto a los legisladores y síndicos en los comicios de 1998. Varios dirigentes perredeistas se unieron al clamor.
Igual se pronunciaron los empresarios Alejandro Grullón y José Manuel Paliza, y casi todos los diarios en notas editoriales. Entre las 100 propuestas de modificaciones constitucionales elaboradas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo figuró también la elección de constituyentes.
Compromiso del PLD
La Constituyente ha aparecido en todos los programas de gobierno del PLD. En el de 1996 se prometía Abogar por un sistema de elección para la Asamblea Constituyente, que sea más abierto y flexible que el que propicia el sistema electoral vigente para facilitar la más amplia participación ciudadana. En el del 2004: Propiciar la Asamblea Constituyente, compuesta por miembros electos libremente por la ciudadanía, como un órgano de amplia base popular que sea, por eso mismo, una genuina expresión de la democracia.
En la campaña electoral del 2004, el doctor Leonel Fernández se manifestó partidario del mecanismo de la Asamblea Constituyente, recordando que era parte del programa de su partido porque permite una participación más amplia.
Fue la propuesta más reiterada en la subcomisión de reformas políticas del Diálogo Nacional auspiciado por el gobierno anterior del PLD y aprobada en la plenaria. El libro de su comisión de Reforma del Estado concluye proclamando que la reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente elegida por voto directo, propuesta por el gobierno del presidente Leonel Fernández, es hoy un tema de sociedad cuya realización es de actualidad.
El PLD fue participante activo en la Comisión Especial para la Reforma Constitucional creada por el decreto 410-01 del presidente Mejía y que sesionó entre marzo y agosto del 2001, coordinada por Monseñor Núñez Collado. Sintetizaron todas las propuestas de reformas constitucionales conocidas hasta entonces, de universidades, partidos e instituciones sociales, incluyendo las del Diálogo Nacional y la Comisión de Reforma del Estado, con participación de cientos de organizaciones sociales.
Con esa base y la participación de todos los partidos reconocidos, una docena de instituciones sociales y diez juristas, la comisión trabajó durante 4 meses elaborando un proyecto de reformas constitucionales para ser sometido a una Asamblea Constituyente que sería instituida previamente por el Congreso Nacional. Fue entregado al presidente Mejía en agosto del 2001 y publicado en un libro de la Universidad Madre y Maestra.
