Los municipios que poseen minas en explotación tienen derecho, por mandato de ley, a una proporción de los beneficios que generen esas operaciones. Sin embargo, las demarcaciones del entorno de la mina de oro y plata de Pueblo Viejo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se quejan porque ni la Barrick Gold ni el Gobierno les están entregando los beneficios correspondientes, ni directamente ni en inversiones oficiales en obras sociales de interés. Estamos hablando de RD$1,200 millones.

En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, al que asistieron como invitados los integrantes de la Mancomunidad Municipal para el Desarrollo de la Franja Oriental del Cibao Sur, se planteó también la necesidad de acelerar la eliminación de los pasivos ambientales dejados desde la época de la Rosario Dominicana, que extrajo oro y plata durante años. La carga de contaminación amenaza la vida y fuentes de agua tan importantes como la presa de Hatillo.

Nuestra conclusión es que el Gobierno debe entregar los beneficios a esos municipios, y si tiene alguna preocupación sobre la forma en que serían invertidos debe ocuparse de que se realicen obras de interés en la región. Es necesario, también, un inventario ambiental para determinar el estado actual de los pasivos, los riesgos que éstos representan, y decidir qué hacer.

¿ QUIÉN MANDA EN HAITÍ?

A pesar de las garantías ofrecidas al Gobierno dominicano por el Gobierno haitiano, los transportistas dominicanos han vuelto a ser víctimas de las agresiones de grupos que, o están fuera del control de las autoridades, o son tolerados por éstas. Las agresiones se producen a pesar de que el régimen haitiano prometió un corredor vigilado y seguro para que fuera reanudado el transporte de carga hacia Haití, que estuvo interrumpido precisamente por las agresiones, saqueos, secuestros de choferes y amenazas.

La persistencia de este escollo en el intercambio comercial con Haití solo da a entender que allí hay un Gobierno débil, cuya autoridad no respetan los grupos levantiscos. Parece que hay allí un régimen que prefiere prolongar una ocupación militar, antes que asumir su responsabilidad de aplicar la ley.