El acuerdo con el FMI brinda una excelente oportunidad para reorientar la economía dominicana hacia componentes reales, generadores de  producción de bienes y servicios y empleo;  partiendo de la economía rentista que hoy disponemos que se manifiesta, en lo que con el eufemismo usual del lenguaje cuasi diplomático que caracteriza a los organismos internacionales, por lo que dicho organismo llama la “alta preferencia a la liquidez” de nuestro sistema financiero.

Pero para ello las instancias responsables de la suerte de la nación deben procurar el cumplimiento idóneo y adecuado de los condicionamientos del acuerdo y evitar que se incurran en disposiciones que agraven las distorsiones que penden sobre la economía dominicana; priorizando sobre los siguientes puntos que forman parte de los temas contemplados en el acuerdo según ha publicado el propio FMI:

Supervisión y regulación bancaria:  Si bien hay que celebrar que el FMI reconozca la liquidez y solvencia del sistema bancario dominicano, llama la atención que ese organismo resalte la necesidad de fortalecer la supervisión y regulación bancaria al mismo tiempo que reconoce la rentabilidad del mismo. Nuestra lectura sobre esa expresión  es que constituye una advertencia sobre ganancias excesivas del sistema bancario que, por demás, los mismos bancos no disimulan para ostentarlo a juzgar por sus frecuentes declaraciones al respecto.

Las cifras oficiales evidencian que lo que el FMI llama “preferencia por la liquidez” sigue reforzándose a pesar del desaliento introducido por las autoridades monetarias.  La mejor demostración de ello es que la política de reducción de intereses adoptada por el BC, para estimular la dirección de recursos  hacia  la economía real, no se ha transmitido plenamente hacia los agentes económicos y siguen produciéndole rentas a los bancos.

Los bancos suelen aplicar la rebaja de interés solo para nuevos préstamos o introducen prácticas como la reducción semestral de los intereses con la que ganan tiempo. O aplican la reducción de intereses más rápidamente para los depósitos que para los préstamos, manteniendo amplios márgenes y, ante la falta de demanda de préstamos, disponiendo de excedentes de depósitos cada día que ponen a reposar en las noches en el Banco Central para devengar intereses.  Por demás prefieren prestarle al Gobierno y no al sector privado.

Claro está que la falta de demanda de préstamos y la decisión de los tenedores de recursos de mantener rentando en el sistema bancario su patrimonio encuentra justificación en la falta de confianza en la forma como el Gobierno está encarando los déficits de nuestra economía, fiscal y balanza de pagos, principalmente con endeudamiento a corto plazo, inhibiendo la capacidad de emprendimiento de los tenedores de recursos.

Las siguientes cifras publicadas en el portal electrónico del Banco Central al 28 de octubre del presente año en comparación con diciembre 2008 avalan éstos comentarios:

-Los depósitos nocturnos de los bancos comerciales en el BC se han incrementado en RD$9,555 millones  un 62%, a pesar de haber reducido la tasa de interés.

-Los valores en circulación adquiridos por los agentes económicos del BC  siguen creciendo a un ritmo promedio de 1,276 millones mensuales.

-Los préstamos de la banca múltiple al sector público se han incrementado en RD$9,867 millones, creciendo un 23.3%, un ritmo casi 5 veces superior al crecimiento de los préstamos al sector privado.

Baja del circulante

El circulante en manos privadas había disminuido  0.4% a octubre 2009 con relación a diciembre 2008, en circunstancia que la inflación llegaba a 4.6%, lo que determina una caída real del dinero en manos de cada dominicano de 5%; avalando así, con cifras, la pregunta frecuentemente escuchada de labios populares: ¿Dónde está el dinero? De allí que las autoridades tienen que empeñarse en mantener el sistema bancario con solvencia y liquidez pero con una rentabilidad ganada en base al cumplimiento de lo que se espera sea la función de la banca, proveer recursos al desempeño de las actividades económicas y no a  costa de emisiones de dinero convertibles en déficits cuasi fiscal pagadero con impuestos pagados por los contribuyentes.

Mejoramiento de  administración  tributaria y eliminación de exenciones:  Este es otro de los temas neurálgicos en el acuerdo con el FMI, lo cual tiene justificación en la caída de un 10% de las recaudaciones a septiembre del presente año con relación al pasado. Nada tiene de objeción este compromiso a menos que implique  eliminación de productos exentos del pago del ITBIS con lo cual podría estarse de acuerdo siempre y cuando se reduzca el impuesto de un 16% establecido actualmente a  10%.

Un ITBIS como el vigente aplicado discrecionalmente, junto a otros tributos como el impuesto a los cheques, se convierte en obstáculo a una buena administración tributaria por estimular transacciones en efectivo difíciles de controlar y más susceptibles de evasión, debido a que unos (productos/establecimientos) pagan y otros no y  es un porcentaje difícil de calcular. Prueba de que el actual sistema de tributación produce una alta evasión se demuestra al comparar las recaudaciones actuales con el PBI; partiendo que nuestra economía formal, medido en términos de PBI corriente, constituye un 50% de la global, de acuerdo con las estimaciones de la OIT siendo la del Banco Central menor.

Eso significa que el PBI formal se sitúa en el presente año en RD$900 mil millones  a precios corrientes, lo que debía producir recaudaciones por ITBIS del orden de 144 mil millones al aplicarle la tasa vigente del 16%. Estimando que se recaudarán a fines de año unos 68,000 millones tendríamos una evasión del 53 por ciento.

De establecerse un ITBIS generalizado del 10% sobre la economía formal, siendo más fácil de cobrar por ser universal, a todos los establecimientos, y por la tasa más cómoda de calcular, así como más estimulador de la fluidez de la tributación por parte de los contribuyentes por ser más razonable y hasta emuladora del diezmo bíblico; las recaudaciones alcanzarían RD$90,000 millones, unos RD$22,000 millones  por encima de las estimaciones previsibles para este año.

La argumentación de disponer exenciones en  nombre de lo social constituye una retórica demagógica para encubrir privilegios expresados en largas listas. Hoy se exonera el producto final pero se gravan todos los procesos previos -envases, empaques, piezas de procesos de producción, locales, servicios, etc.- todo lo cual incide en el precio del producto final mediante encadenamientos sucesivos de cadenas del 16%. Por eso, la reducción al 10% podría concluir incluso con el abaratamiento de productos.

No más reformas

El reciente anuncio de las autoridades de que no habrá más reformas fiscales debe ser saludado aunque tomado con reservas ante el proceso electoral que se avecina. El hecho de que funcionarios hayan insistido en el pasado que la presión tributaria dominicana (recaudaciones/ PBI corriente) sea bajo en comparación con otros países, no hace descartable que después de las elecciones suframos la amenaza de mayores impuestos.  Al respecto consideramos propicia la ocasión para advertir que la argumentada baja presión tributaria tiene su origen en que muchas contribuciones no se computan como tributos sino cargos por servicios prestados (pasaportes, armas, etc.). Un ejemplo palpable de ello acabamos de observarlo en el cobro de 80 pesos por la portabilidad numérica, lo que le significaría a INDOTEL RD$800 millones y agregaría un 0.1% a la presión tributaria.

Servicio adecuado de electricidad  con menos subsidios. Es otro de los temas contemplados en el acuerdo y que no se necesita demostrar ante los tantos apagones y altas facturaciones que estamos sufriendo los dominicanos. Pero se incurriría en un grave error si las autoridades se limitan a actuar sobre la reducción de gastos de las empresas eléctricas y aumentando los cobros; descuidando el factor fundamental: los altos costos de generación, el obsoleto e inadecuado parque energético instalado en comparación con el tamaño de la nación y su economía y por el incumplimiento de los procedimientos de licitación que mandan las leyes. Ciertamente, resolver lo relativo al parque energético conlleva tiempo y recursos, no así la aplicación de las leyes que mandan a establecer un sistema de compras de energía al generador que la ofrezca a precios más bajos a fin de que los procesos de compras impulsen el precio a la baja y no al alza como existe hoy día. Obviamente la reducción de los precios de compra de la energía a los generadores impulsada por la rebaja de sus costos de generación, permitirá reducir los subsidios sin perjudicar a la población.

“Proyectos de inversión de alta calidad”.  Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es que la inversión pública esté revestida de calidad. Esto supone que estén dirigidas a satisfacer necesidades reales de la población, no imaginarias ni emuladoras de ensueños válidas para recursos mediáticos; Que la calidad de las obras sea satisfactoria para que no haya necesidad de reconstruirlas una vez que se   inauguren. Que la inversión se destine efectivamente a propósitos programados y que no se desvíen hacia otros usos o se asignen partidas que no se gastan en lo estipulado, y que se divulguen las asignaciones específicas para que la ciudadanía tome conciencia, evalúe y hasta supervise a quien y para qué se están destinando los recursos públicos.

Ojalá y estas notas dirigidas a los agentes económicos y a la opinión pública vía los medios de comunicación de masas  sirvan para estimular una orientación del acuerdo con el FMI conforme las necesidades reales de una economía que si bien no ha sido tan golpeada como otras por la crisis internacional, debe ahora blindarse ante la prolongación o posible recrudecimiento de una crisis que no acaba de dar señales firmes de recuperación en términos de empleo y consumo.

Un blindaje que solo puede encontrarse en el apoyo a una economía real, productora de bienes y servicios y generadora de puestos de trabajo, en lugar de la economía rentista que hoy nos domina.