El 2011 se terminó con conflictos profundos en nuestra sociedad: conflictos de género, de seguridad ciudadana, de seguridad ambiental y de seguridad alimentaria, porque el concepto de seguridad se amplió desde la seguridad nacional a todos esos nuevos tipos de seguridad y, por tanto, cambiaron de manera significativa lo que debe ser una política de ordenamiento territorial.

El concepto de  seguridad de género abarca todas las minorías e implica las relaciones sociales, las laborales y de convivencia social y nos impone luchar contra la discriminación y el estigma que amenazan la equidad y la identidad personal y de grupo. El concepto de seguridad ambiental nos obliga a repensar un bien que suponíamos inagotable, el agua, ya que su uso, su demanda se han multiplicado y no hemos llevado políticas de protección de cuencas  hidrográficas, de uso adecuado de ese bien acorde con las amenazas producto del cambio climático, de la erosión, de la urbanización y de las actividades económicas ligadas a la construcción.

Se ha comprobado  que el agua azul y el agua verde han provocado una reducción en los niveles de recarga de los acuíferos, debido al menor flujo de aguas superficiales. (Las explicaciones sobre el desbordamiento del Lago Enriquillo en ese sentido son inexactas). Nuestra isla es desde ya víctima del cambio climático y nos debatiremos entre escasez y mala calidad del agua para muchos años, asociadas al proceso de deforestación por procesos migratorios interfronterizos e interregionales.

El concepto de seguridad alimentaria podría agudizarse, con el desinterés del gobierno y las importaciones,  provocando la quiebra de la unidad productiva campesina tradicional, que encontró, en algunas zonas montañosas del país, un aliento con los cultivos orgánicos, pero deberán debatirse con amenazas reales como la minería y la agresividad de las transnacionales de la alimentación que se introducen en el país,  tras los tratados de libre comercio.

Por esas amenazas, el ordenamiento territorial deberá acompañarse con un ordenamiento ambiental (urbano y rural)  y de sus  leyes  acordes con una política comercial que privilegie la producción nacional, el uso de los bienes naturales por los productores y los consumidores acordes con los cambios climáticos  globales. Solo así podremos enfrentar los desafíos que esperan los planificadores y promover un desarrollo regional basado en un manejo sustentable de los recursos naturales, sociales y culturales que garantice seguridad alimentaria, calidad de vida, seguridad ciudadana y ambiental. Para todos y todas.