LEANDRO GUZMÁN
El pasado 23 de febrero el presidente Leonel Fernández emitió un Decreto fuera de lo común, con el anunciado propósito de controlar la corrupción en las contrataciones de las obras y servicios públicos, hasta ahora abultados por las comisiones que hay que pagar a los intermediarios, entre ellos algunos funcionarios. Ese Decreto fue denominado Decreto Puente, pues tendrá vigencia hasta tanto el Congreso Nacional dicte una Ley definitiva que termine con el tradicional grado a grado, es decir la asignación de obras sin concurso público, claro está, exceptuando aquellas absolutamente necesarias derivadas de situaciones creadas por desastres naturales, como por ejemplo ciclones, terremotos, inundaciones, etc. Hasta ahora, el argumento para justificar ese grado a grado gira en torno a la necesidad que tiene el Estado de construir obras rápidamente, sobre todo en comunidades que no pueden esperar los resultados de un concurso.

La nueva disposición del Presidente tiene un lejano antecedente, pues el 29 de mayo de 1998 él mismo designó una comisión mediante Decreto 200-98, coordinada por el ingeniero Diandino Peña, hoy Secretario de Estado y responsable principal de la construcción del Metro de Santo Domingo, para que se encargara de redactar un anteproyecto de Ley para la contratación de obras y servicios del Estado.

El anteproyecto, en cuya elaboración participaron, entre otros, los ingenieros Roque Napoleón Muñoz, Juan Cristian Maluf, Marco Rodríguez Sánchez, Mercedes Sabater de Macarrulla, Mariasela Vargas y Daniel Gómez Martínez, fue remitido al ingeniero Diandino Peña el 16 de julio de 1998, a fin de que fuese analizado y sometido al Congreso Nacional para su aprobación o rechazo.

Han transcurrido ocho años de eso y uno ignora si el anteproyecto fue modificado o no o si fue enviado al Congreso, pero lo cierto es que ninguna de las recomendaciones contempladas en la pieza se han cumplido, ni siquiera en lo que respecta al Decreto Puente que ahora comentamos.

El Decreto del Presidente establece un límite para conceder obras de grado a grado de aquellas cuyo valor exceda de 6.0 millones de dólares (nos 200 millones de pesos), lo que quiere decir que hasta esa cantidad el Poder Ejecutivo o cualquier institución del Estado podrá asignarlas sin concurso.

En el Decreto Puente debe consignarse que deberá haber sorteos, a fin de que todos los ingenieros dominicanos puedan participar igualitariamente en aquellas obras que no sean de montos exagerados. También pre-calificaciones para aquellas obras importantes, donde no todo el mundo puede participar. Igualmente, consignar la licitación selectiva, para aquellas obras que demanden la intervención de grandes empresas constructoras de obras especializadas, como también de aquellas que demanden financiamiento.

En vista del historial de la asignación de obras otorgadas mediante el sistema de grado a grado, que según se especula tienen motivaciones políticas, el razonamiento general es que si se prohibiera ese sistema, lo cual conllevaría de paso la eliminación de las famosas comisiones que abultan los costos, el Estado se economizaría entre un ocho y un diez por ciento por cada millón de pesos invertidos.

En el hipotético caso de inversiones anuales por más de 50,000 millones de pesos, por ejemplo, estamos hablando de una economía de unos 5.000 millones, cifra respetable que podría resolver múltiples necesidades asociadas a la lucha contra el hambre en la cual hice el Gobierno estar empeñado.

Sería útil conocer el texto detallado del Decreto Puente, con los numeritos precisos, como también el texto del nuevo anteproyecto de Ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, a fin de uno tener una visión más acabada de esta pieza fundamental para controlar un poco la corrupción.

En ese sentido, todavía no podemos asociarnos a las voces que se han apresurado a elogiar el Decreto Puente, pues ni se conocen mayores detalles del mismo, ni de la propuesta Ley, como tampoco se ha precisado si serán los actuales senadores y diputados o los que vendrán tras las elecciones previstas para el 16 de mayo, quienes tendrán la última palabra al respecto.

El ingeniero Diandino Peña tiene mucho que aportar en cualquier disposición que se tome para clarificar todo este asunto de la asignación de obra, puesto que él fue el coordinador de la Comisión Presidencial designada precisamente por el presidente Fernández para elaborar el anteproyecto original comentado anteriormente. En el documento entregado por los comisionados, se consigna muy claramente todo lo relativo a lo que debe ser una Ley para evitar la corrupción en la asignación de las obras que construye el Gobierno.