La presencia masiva de inmigrantes ilegales haitianos en todo el territorio nacional, así como la emigración de otros tantos dominicanos hacia el extranjero, mayormente hacia los Estados Unidos de América, es una situación compleja; que debe conducir a una estrategia de estado pluripartidista de corto, mediano y largo plazos, con medidas y controles bien definidos, que superen los “operativos”, a cargo de los mismos que se enriquecen a través del tráfico ilegal de extranjeros, drogas, armas y mercancías diversas.
Esta política debe incluir propuestas concretas para corregir la situación. Lo contrario sería eludir una responsabilidad histórica, porque daría pábulo a que aventureros, oportunistas o personas sin formación ni conciencia, planteen salidas violentas o fáciles, irracionales o inaplicables, sobre todo en los tiempos que vivimos, las que expondrían al país a una intervención militar tipo Kosovo o a una declaración de los haitianos como “minoría nacional” en el territorio dominicano.
Por otra parte, quedarse cruzados de brazos ante el peligro de desnacionalización del país, por la avalancha de extranjeros sin vocación para incorporarse como ciudadanos de este país, sería hacerle el juego a quienes pretenden diluir la identidad de la nación dominicana, para convertirla en una simple fuerza de trabajo en un mercado totalmente a merced de “la ley de la oferta y la demanda” por parte de entidades, empresas y organismos extranjeros, con sus nefastos efectos previsibles.
Se impone pues establecer una estrategia de Estado clara y polivalente para esa problemática, en el entendido de que cuatro siglos de errores no se superan con nuevos errores o improvisaciones.
Los lineamientos a seguir son:
1- Una política de participación y colaboración. Estable¬cer una nueva política, más firme y humana frente al fenómeno haitiano, que no solo elimine definitivamente el tráfico de haitianos para las cosechas dominicanas de la caña y otros cultivos, sino que establezca límites claros verificables en el empleo de extranjeros; y desarrolle lazos de mayor colaboración económica, de protección medioambiental, sanitaria y cultural entre los pueblos que comparten la soberanía de la isla.
2- Darle residencia y rápido acceso a la nacionalidad a todos los que nacieron en el país antes del 2010, que puedan hablar español, conozcan la historia dominicana, y que no están en edad de retiro con trabajo estable. Lo demás es someterlos a la apatridia y es inconstitucional.

3- Establecer responsabilidades a las autoridades municipales y provinciales para que identifiquen a los residentes no ilegales, para regularizar la situación.

4- Establecer un marco institucionalizado para el intercambio comercial transfronterizo, tanto local como propiamente internacional, que sea mutuamente conveniente y sostenible en el orden fiscal.

5- Establecer un Comité de Políticas Domínico-Haitianas. encabezado por un Presidente designado por el Presidente de la República, de una terna que le someta el propio Consejo, integrado además por representantes de los Ministerios de Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores y de las cúpulas empresarial y sindical, representantes de las regiones Cibao Noroeste, El Valle y Enriquillo, de los partidos políticos mayoritarios y de la UASD; con la asesoría técnica indispensable, para que establezca y supervise una política de Estado de corto, mediano y largo plazos hacia Haití, que trascienda los intereses partidistas y los periodos de gobierno.