En el Congreso Nacional se formula una nueva ley de ordenamiento territorial, ejercicio para nosotros ya viciado, ya que su elaboración tenía que reunir los especialistas formados en esa compleja disciplina y, en nuestro país, escasean. Esperamos que se abran pronto las vistas públicas. Ya tenemos cuestionamientos en cuanto a división territorial se refiere y nos preguntamos si no se está confundiendo “ordenamiento territorial” y ley de uso de suelos. El ordenamiento territorial para su operatividad parte de una división del territorio. En toda Europa se considera las regiones como unidades territoriales, con cierta coherencia cultural y territorial como la base para el ordenamiento de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas que se traducen en inversiones, “demanda de suelos” y “especialización de otros suelos”. El gobierno 2000/2004 dividió el país, a partir de las tres macro regiones, en diez regiones de desarrollo. Hasta la fecha nunca se había implementado la reforma administrativa necesaria para operativizar esas regiones. Solo en la región Ozama se creó un gobierno “de la mancomunidad” que demostró su inoperancia con los conflictos de Duquesa, la localización de Merca Santo Domingo, o la construcción de un nuevo cementerio más allá del Cristo Redentor. Hoy nos hablan de “cinco grandes regiones estratégicas” : fronteriza, hídrica/Energetica, de Seguridad Alimentaria, de manufacturas/servicios y costera/turística.

Resultan ser divisiones por asignación de un valor económico (inversiones y suelos) que definen espacios incontornables y muestra que no se busca superar las tradicionales metas del ordenamiento: soluciones a las inequidades ecológicas del país, desiguales oportunidades y sobre todo excesiva concentración de inversiones en espacios que especializan las inversiones del sector privado y refuerzan las inversiones públicas en un acuerdo tácito: el Distrito Nacional y el actual polo turístico de Bavaro/Punta Cana, como ejemplos más evidentes.

Lo que se debe implementar es la uniformización de las regionalizaciones de los diferentes Ministerios del país, para que ella permita la implementación de políticas de desarrollo en un mismo territorio regional. Lo que se debía implementar son los consejos regionales de desarrollo y sobre todo promover desde ya los mecanismos de participación de la población, de consulta y de auditoría comunitaria. La complicada definición de la especializacion del uso de la tierra no evoca planificación ni ordenamiento ni regulación sino más bien una adecuación económica del territorio para la canalización de proyectos de inversiones.