La sociedad dominicana tiene lo que vendría a ser una experiencia inédita en que le coarten su libertad de expresión. Podemos recordar más de 40 años de triste y horrible experiencia. Marcados principalmente por los 30 años del oprobioso régimen dictatorial encabezado por Rafael Leónidas Trujillo Molina y los 12 años del régimen de Joaquín Amparo Balaguer Ricardo entre otros. 

Recientemente los medios se han hecho eco de una iniciativa legislativa que cursa en nuestro Congreso Nacional y que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen que fue introducida por la senadora de Bahoruco, Melania Salvador. Y ha recibido el calificativo de “ley mordaza” por diversos sectores. Si bien hay otros proyectos en nuestro congreso que por distintas vías persiguen fines parecidos. 

En principio, el objetivo de esta ley seria delimitar y proteger derechos establecidos como fundamentales en nuestra constitución política. Para lo cual crea un órgano que regularía una serie de elementos que tienen que ver con el respeto a dignidad y a los derechos de las personas en un marco de libertad. 

Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, especialistas del derecho y gremios de periodistas han advertido que ese proyecto podría amenazar la libertad de expresión porque, a pesar de las varias sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, respecto de la libertad de expresión, no es menos cierto que en nuestro país abundan las grietas o más bien hay muchas lagunas en este ámbito. 

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A decir de los expertos, hay diversos tipos penales que se dejan a la interpretación y la discrecionalidad que vienen a representar amenazas claras a la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en las redes sociales. En ese sentido, la sociedad dominicana en su conjunto debe expresar rechazo y oponerse a cualquier cosa que pueda afectar la libre expresión del pensamiento.  

Personas como el periodista Persio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, ha advertido sobre la ambigüedad en la redacción de este proyecto de ley que se presta a interpretaciones y llega no solo a periodistas y medios de comunicación, sino a cualquier persona que ejerza el derecho a expresar sus ideas. 

Ese proyecto tiene que ser revisado por expertos para determinar, si disposiciones estipuladas en él, son razonables o si son desproporcionadas que provoquen “una censura legal”. Porque nos gustaría saber en el proyecto de marras ¿Qué significa intromisión ilegítima? ¿Qué significa juicios injuriosos? Tipificaciones que no están definidas en dicho proyecto y se dejan a la interpretación o discrecionalidad del juez. 

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No se puede dejar pasar un adefesio así, porque sería una ley muy peligrosa por todos los resquicios de ambigüedad que presenta en su redacción. Si se dejara pasar, si se dejara aprobar y que se convirtiera en un mecanismo legal, seria dejar un vacío que se podría transformar en un nuevo espacio para que se cometan incontables excesos desde el poder.  

El Gobierno ha conformado una comisión para que presente una propuesta de reforma a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, para lo cual deberá estudiar todos los proyectos que se tienen sobre este tema, incluida esta iniciativa de la senadora Melania Salvador. 

Pero, hasta eso es preocupante. Esperemos a ver qué pasará, pero en cierto modo, sería preferible hasta dejar ese ámbito así, antes que cometer el error de coartarlo. Debemos todos estar atentos y vigilantes al proceso que envuelve este proyecto de ley pues no es un secreto que entre algunos legisladores o principalmente, entre algunos políticos dominicanos, de todos los colores partidarios, se manifiesta cierta vocación antidemocrática.  

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Una legislación de este tipo solo podría ser posible, y solamente, tras un amplio debate colectivo que envuelva a la sociedad en su conjunto. No debemos nunca olvidar que esta libertad que disfrutamos hoy costó el sudor y la sangre de muchos y muchas valiosos y valerosas y además valerosos y valerosas hombres y mujeres.  

La libertad de expresión casi siempre se empieza a cercenar de a poquito, lo que posteriormente va incrementándose e implica toda una serie de injusticias que van, por ejemplo, desde un ciudadano no poder expresar sus quejas sobre un servicio público, hasta no poder denunciar violaciones de Derechos Humanos, ya sea una discriminación o un abuso de poder.  

Además, debemos recordar que es generalmente aceptado que mantener la difamación e injuria como tipos penales, es contrario a la doctrinal internacional moderna que establece que las penas son una modalidad de censura previa que afecta el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa.