LEANDRO GUZMÁN
Los recientes incidentes entre dominicanos y haitianos en algunas zonas fronterizas, principalmente en Hatillo Palma de Montecristi, han originado un debate público en el que tienen el deber de participar todos aquellos interesados en que no se produzca un conflicto de mayor dimensión entre la República Dominicana y Haití.

Hace algunos días, el presidente Leonel Fernández reconoció algo que todo el mundo sabe: que ha habido excesos de autoridad a la hora de repatriar a los ilegales haitianos, aunque advirtió que es un derecho soberano de la República Dominicana el de hacer que retornen a su país todos aquellos inmigrantes que no hayan cumplidos con nuestras leyes.

La migración haitiana hacia la República Dominicana tiene varias vertientes, pues no solo se debe a los conflictos internos de la nación vecina y su escaso desarrollo, sino que a menudo es estimulada por políticos haitianos que se liberan así de las presiones que supone genera una población que cada día reclama más derechos, empleos y comida. Otro elemento que ha contribuido a esa migración es el afán de políticos dominicanos que, en cada período electoral, la estimulan con el propósito de dotar de cédulas a esos migrantes, con el compromiso de que les otorguen su voto favorable. Es decir, se valen de los haitianos ilegales para aumentar su número de sufragios, algo que no es un secreto.

Se sabe también de funcionarios consulares dominicanos en Haití que, combinados con colegas de este lado de la frontera, han otorgado documentos que «legalizan» la permanencia de miles de ilegales, gran parte de los cuales labora en tareas agrícolas, la construcción, la venta de chucherías por las calles y, más recientemente, en el llamado motoconcho.

Esa situación hay que regularizarla. El primer paso sería el levantamiento de un Censo Nacional que permita establecer cuántos haitianos hay en la República Dominicana, ilegales o no, nacidos aquí o en Haití. Ese levantamiento serviría para «depurar» a todos aquellos haitianos que tienen documentos de dudosa procedencia, para supuestamente justificar su permanencia en el país. Una vez establecido esto, poner en vigencia una ley que obligue a hacendados y a todo aquel que utilice la mano de obra haitiana a elaborar un contrato temporal que, al terminarse, obligue al ciudadano contratado a retornar a su país. Copias de tales contratos deberían legalizarse a través de la secretaría de Trabajo, la dirección de Migración y la secretaría de las Fuerzas Armadas, a fin de darles estricto seguimiento.

Esa fórmula legal satisfaría las necesidades de mano de obra de aquellos sectores que defienden la permanencia de los haitianos en sus propiedades, al tiempo que permitiría clarificar la situación de miles de ilegales. En una palabra, el haitiano que carezca de un contrato de trabajo, simplemente tendría que ser enviado a su país, como se hace en muchas naciones donde existe la necesidad de utilizar mano de obra extranjera porque sus nacionales no quieren trabajar en las áreas en que se requieren, como ocurre en la República Dominicana en los casos de las fincas, el corte de la caña y la industria de la construcción.

Esa situación tendrá que ser afrontada directamente por el Gobierno Dominicano, con la ayuda del Congreso Nacional, puesto que ha quedado palmariamente demostrado que la famosa Comisión Bilateral Dominico-Haitiana tiene años que ni siquiera se reúne y, cuando lo ha hecho, ha dejado de lado el tema migratorio, a solicitud de los negociadores haitianos que son diplomáticos de carrera, en lugar de diplomáticos a la carrera, como suele ser la mayoría de los nuestros.

Hay que controlar y regular la migración haitiana hacia nuestro país. Es bueno advertir que no se trata de hacerlo con el ejercicio de la violencia, como en el octubre gris de 1937, sino por la vía legal y como dijo el presidente Fernández, con el debido respeto a los derechos humanos. El país no puede darse el lujo de asumir la carga que representan cientos de miles de ilegales, pues la situación económica nuestra es tan delicada, que llegará un momento en que los bienes y servicios que producimos no alcanzarán para todos. Cada día crecen las demandas de vivienda, agua potable, educación, salud y energía eléctrica, entre otros bienes y servicios, de manera que el Estado Dominicano se verá imposibilitado de satisfacer tantos requerimientos, situación agravada por la existencia de una población extranjera que crece como la levadura.