Hoy 
El actual presidente dominicano, y eso ya no es un secreto, responde a un modelo tipo autoritario; ¡aquí el jefe soy yo y se hace lo que yo diga! Y uniendo las palabras a los hechos, por ejemplo, hizo modificar la Constitución para tratar de reelegirse.
Ninguna sorpresa debería pues despertar el hecho de que también interviniera en la designación de quienes dirigen la Junta Central Electoral o que hiciera modificar el reglamento de las Fuerzas Armadas para ampliar el periodo del incumbente de esa rama, más allá de los 2 años hasta ese momento establecidos. O de que haya ascendido a rango de general a 167 coroneles
Hay que decir que las truculencias que caracterizan a Hipólito Mejía, herencia legada por el doctor Peña Gómez pero con quien el nombre del actual presidente no debería estar vinculado, gozaron de un inexplicable apoyo hasta en los sectores más avanzados dentro del PRD e incluso de la misma sociedad civil. Es como si se hubiese entendido en la época, que había una deuda pendiente con ese gran partido, por ser tan numeroso, por estar tan ligado a la lucha por la democracia, por tener dirigentes tan carismáticos y merecedores de respeto universal como el Dr. Peña Gómez.
Hace unos días, Jesús De la Rosa escribía en el HOY (8 de abril, 2004) que «Para entonces (previo a las elecciones del 2000), pese a las críticas públicas que se le hacían a Hipólito Mejía por su supuesta falta de cualidades para dirigir el país, era el candidato de mayor aceptación entre el electorado. Hoy, lamentablemente, sucede justamente lo contrario». En otras palabras, había una percepción negativa de HM en cuanto a la capacidad para gobernar, pero quizás muy pocos pensaban que en caso de que la práctica confirmara esa percepción, el hombre y su grupo llegaran al punto de poner en peligro hasta la integridad de su propio partido con tal de no soltar el poder.
Pero lo que llama la atención, no es solamente el que el actual primer mandatario se haya colado a ocupar una posición a la que todos tenemos derecho, pero para la que todos (incluidos el actual presidente y yo mismo) no tenemos las destrezas requeridas, sino que entre los más preclaros dirigentes de ese partido, haya quienes se prestan a hacer juego al ejercicio autoritario del grupo que controla ahora al PRD.
Se ha hablado, y mucho a través de un medio confiscado y convertido en vocero de la reelección, o sea, el Listín Diario, de la negativa de diferentes instancias a enviar comisiones de observación de las elecciones. Es útil recordar que esas comisiones son enviadas a aquellos países donde sus tribunales electorales las solicitan. Generalmente no son tan bienvenidas en aquellos casos en que alguno de esos tribunales está alineado con el gobierno de turno. Pero cuando la presión de la sociedad civil interviene, mediante denuncias y desconfianza, como es el caso de nuestro país, puede ocurrir que el tribunal solicite entonces esa observación. De todas maneras, como sigue no deseando la presencia de observadores, entonces recurre al procedimiento de hacer la solicitud lo más tarde posible. Eso es lo que ha ocurrido con la Junta Central Electoral y su solicitud de observadores internacionales: hizo la solicitud pero meses después del plazo normalmente establecido para esas contingencias.
En el caso de la ONU, esa es una decisión del Consejo de Seguridad, organismo que únicamente hace tal cosa en situaciones de crisis o cuando las instituciones de la sociedad civil de un país dado, no tienen la fuerza suficiente para enfrentarse a intenciones gubernamentales por mantenerse en el poder por encima de la voluntad popular, lo que no es el caso dominicano, donde esas instituciones han enfrentado con firmeza el uso indebido del poder en los intentos reeleccionistas del presidente Mejía. Por lo demás, existe preocupación por las señales negativas dadas por el partido gobernante. Eso quedó expresado en el discurso del embajador norteamericano ante la Cámara Americana de Comercio en febrero pasado, cuando dijo, «El día de las elecciones miembros de la embajada, y espero que también de otras embajadas, se desplegarán por todo el país para observar la votación», pero también hay confianza en que el pueblo dominicano sabrá exigir resultados claros y precisos de esas elecciones.
Pasando al tema militar, en un contexto como este, en el que el actual huésped del Palacio intenta mantenerse en el poder y a la luz de los ejemplos trazados por el doctor Balaguer, ¿De qué otra manera debería calificarse las declaraciones reeleccionistas de algunos generales, sino de un intento por atemorizar al electorado? Los jefes militares más lúcidos han coqueteado en algún momento con la idea de un derecho al voto para quienes forman parte de ese estamento. Es una idea y nadie debe escandalizarse por ella, mientras no se le ocurra a algún diputado querer hacerla aprobar a todo vapor en el Congreso.
Hay muchos países donde los militares votan. Generalmente se trata de naciones donde los golpes militares no forman parte de la tradición de los cuerpos armados. Pero en los casos en que eso está establecido, a los militares ni se les ocurre, ni los jefes de gobierno o los congresos lo permiten, intervenir en debates políticos y mucho menos electorales.
La función del ejército como defensor y garante de la soberanía nacional está debidamente regulada por las constituciones nacionales. Nuestro país no es una excepción. En casos de emergencia nacional, los militares suelen ser utilizados como soporte de las fuerzas encargadas de mantener el orden, pero esto, de manera excepcional. Si alguien desea, como el grupo que controla al PRD ahora e intenta quedarse en el poder a toda costa, hacer intervenir a los militares en lides políticas, no en campañas electorales para presionar, debe primero promover un debate nacional sobre el tema, pero por supuesto, no a semanas de unas elecciones nacionales.
En ese marco, las declaraciones de algunos jefes militares en defensa de la persona de Hipólito Mejía, no son mas que uso abusivo del poder, de parte de esos generales, de parte del Secretario de las Fuerzas Armadas y de parte del propio presidente de la República, garante mayor de la defensa de las leyes y de los derechos de cada ciudadano.
Pero probablemente sea pedir demasiado a un gobernante que, como decía antes, interpreta de manera tan particular la función de servicio, no de servirse, para la que fue electo. Y si es de esa manera que el actual presidente interpreta las prerrogativas del cargo, no debería extrañar que lo considere propiedad personal e intente valerse de todos los medios, incluso el de la violentación de las reglas democráticas, para mantener lo que considera le pertenece.
Por todas esas razones y como la noche es mala consejera de quienes abrigan malas intenciones, es extremadamente pertinente la exigencia hecha por el Cardenal López Rodríguez, de que habiéndose dotado a la JCE de los recursos técnicos adecuados, el pueblo dominicano se vaya a dormir la noche del 16 de mayo, sabiendo ya quien ganó las elecciones.
