Hoy 
RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Gravar en estos momentos con el ITBIS bienes de la canasta básica, que impacta en el bolsillo de los más pobres; imponer tributos adicionales restando competitividad al mayor generador de divisas y empleos y extender impuestos con períodos de expiración definidos en anteriores reformas no parece ser el camino procedente para cerrar un agujero fiscal que amenaza con abonar el retorno al camino de los desequilibrios macroeconómicos.
El gobierno, con el FMI de su lado, y la oposición más la cúpula empresarial por otra, coinciden en que hay un déficit o un agujero fiscal, cuya magnitud para el SPNF podría llegar el año próximo al 2.5% del PIB, la diferencia estriba en que el gobierno y el FMI proponen un ajuste del lado de los ingresos y el gasto explicado por el Presidente en su discurso del martes 14 de noviembre, aunque no suficientemente detallado el ajuste por el lado del gasto, mientras la cúpula empresarial y la oposición proponen sea estrictamente del lado del gasto.
El pasado 2 de noviembre el representante del FMI Andy Wolf, en una exposición desarrollada en el palacio de gobierno ante dirigentes empresariales y comunicadores, estableció con mucha claridad cuál era la situación fiscal dominicana y la necesidad del ajuste.
El nivel de la deuda dominicana, como fruto de la política de endeudamiento externo del gobierno pasado y el pésimo manejo de las quiebras bancarias fraudulentas, fue elevada desde el 22% del PIB en el 2001 a 54% en el 2004, nivel que en la actualidad ronda el 44% del PIB gracias al fuerte crecimiento de los dos últimos años, sin embargo estudios del FMI revelan niveles de deuda superior al 30% coloca a los países en situación de vulnerabilidad financiera y macroeconómica frente a los choques externos o internos. La exposición de Andy Wolfe muestra que un equilibrio en el balance primario (cero superávit en la ejecución presupuestaria antes del pago de los intereses de la deuda) no deja margen para pagar los intereses, siendo necesario contratar nueva deuda y el país a la vuelta de nueve años vería aumentar su nivel de endeudamiento al 54% del PIB.
Estas razones aconsejan un ajuste del 3% del PIB (más o menos $35.6 miles de millones) para lograr el próximo año un superávit primario de 2.5% y un balance consolidado de -1.5% ya que los intereses de la deuda pública representan el 4% del PIB (RD$47.5 miles de millones). Los resultados presupuestarios al mes de junio revelan que el déficit en el primer semestre, al igual que en el resto del año, se explica perfectamente por la caída de las recaudaciones en relación a lo estimado y el incremento del gasto en el renglón de los subsidios. Las recaudaciones totales disminuyeron RD$6,799 millones en relación a lo estimado, destacándose una reducción de RD$4,740 millones por la caída en el consumo de gasolina y el aumento en el GLP, combustible subsidiado y exento de gravámenes, simultáneamente el subsidio eléctrico se incrementó en RD$2,500 millones y el del GLP a junio excedió en RD$209 millones lo presupuestado para todo el año. Definitivamente el pecado de esta administración fue mantener una tasa de crecimiento del gasto corriente, especialmente en subsidios generalizados, en el orden del 25% cuando la tasa de crecimiento de las recaudaciones no superaba el 17%.
Las reformas del 2004 y el 2005 no lograron elevar la presión tributaria al mínimo adecuado del 18% del PIB y lo que es peor la del 2005 mantuvo prácticamente la misma presión aunque en términos nominales implicó un aumento de 18% en las recaudaciones frente al pasado año. El ajuste por el lado del ingreso y del gasto parece la solución razonable, sin embargo la propuesta presentada por el Presidente adolece de impuestos inoportunos como calificó el propio Secretario Técnico. Es inoportuno en estos momentos cargar con el ITBIS bienes que representan el grueso del gasto de los sectores de más bajos ingresos. Es inoportuno gravar con 5% adicional habitaciones hoteleras que pagan el 26% entre ITBIS y propina legal, en una industria cuyos márgenes de beneficio en un mercado global son reducidos y en donde no se pueden exportar los impuestos provocando pérdida de competitividad frente a otros destinos. Es inoportuna una reforma fiscal que extiende ciertas figuras impositivas (0.15% de los cheques, 30% tributación máxima ISR, etc.) que los agentes económicos habían asimilado tenían fecha fija para su eliminación o desmonte.
Ante una reforma con característica de “parche” tributario, la cual no garantiza la sostenibilidad fiscal y puede erosionar los niveles de popularidad del gobierno, sería preferible concentrarse en congelar el gasto, focalizar los subsidios, mejorar la administración tributaria y abocarse dentro de tres meses a una nueva reforma tributaria global dirigida a garantizar el superávit primario para reducir paulatinamente el nivel de deuda pública pero a su vez sea un instrumento que no reduzca la competitividad de los sectores productivos y ahogue la inversión.
Así como el gobierno está impulsando una reforma total de la Constitución, escuchando a todos los sectores y haciéndolos participes y actores del proceso, de igual forma, con el imperativo de preservar la estabilidad y las altas tasas de crecimiento, el gobierno puede convocar a un proceso similar para impulsar con su mayoría congresional una reforma impositiva equitativa, distributiva, duradera y que garantice la sostenibilidad fiscal de la deuda.
