Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Si las elecciones legislativas y municipales de mañana mantienen las tendencias registradas en 1998 y en el 2002, la mitad de la población en condiciones de votar lo hará a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, de los 5.3 millones de ciudadanos y ciudadanas que la Junta Central Electoral ha dicho que pueden sufragar, posiblemente lo harán entre 2.6 y 2.7 millones.
Contrario a lo que han dicho de los propagandistas de los grandes partidos en sus declaraciones proselitistas, no hemos observado hecho o fenómeno alguno que nos permitan considerar que estas elecciones están rodeadas de atractivos particulares que induzcan a los electores a concurrir en masa a las mesas de votación.
El período de campaña ha sido particularmente pacífico, los candidatos se han centrado más en la fuerza de su partido que en programas de gobierno, en ideas y en propuestas concretas. Mucho alboroto, festividades, algunas discusiones más personales que políticas, exhibición de recursos por doquier y muchas y grandes pancartas que muestran las magias de los programas computacionales que permiten la manipulación de las imágenes.
Hay otros hechos muy importantes, los cuales habrá que analizar luego, como son la presencia del Presidente de la República en la campaña electoral, la incapacidad de la JCE para convencer a la población política de que es una entidad imparcial y el fracaso de la llamada Comisión de Seguimiento Electoral.
Lo que importa ahora, específicamente mañana, es el ejercicio del derecho al voto para escoger a los senadores y diputados, a los síndicos, vicesíndicos, regidores y suplentes para los próximos cuatro años. Dentro de la democracia occidental se trata de un ritual particularmente importante porque es la expresión de la soberanía del pueblo, de la capacidad de los ciudadanos para escoger a sus mandantes y delegar en ellos su capacidad para decidir.
Este importante hecho político, por lo tanto, debería ejercerse con criterios claros y útiles para el débil proceso democrático que los dominicanos hemos estado construyendo desde el ajusticiamiento de Trujillo, en mayo de 1961.
Me parece, de momento, que el criterio más importante para elegir a una persona a un puesto público debe ser su hoja de servicio. En otros tiempos consideraríamos las pautas ideológicas, considerando que estas presidían las ideas y las acciones de los candidatos, pero dada la similitud de pensamiento y de propuestas es necesario mirar lo que la persona ha hecho en su comunidad, en la sociedad, en su partido, en su familia, en su ejercicio profesional, etcétera.
Y si es un político de largo ejercicio, como ocurre en los casos de muchos de los candidatos, entonces es necesario tomar en cuenta los aportes de ese político a su partido, a su provincia, a su municipio o a su circunscripción.
Los electores deben sancionar a los políticos inútiles y de conductas cuestionadas con el rechazo en las urnas, es decir, no votando por ellos. No importa que su partido lo haya postulado y que el líder lo pondere, si no ha servido en su comunidad, en su municipio, en su provincia, si no ha sido útil a su organización, no vale la pena elegirlo porque esa persona ya ha dicho para lo que sirve.
Los puestos públicos no hacen que las personas inútiles se transformen en útiles. Como dicen nuestros campesinos, pájaro pelón no sube al palo.
La sociedad dominicana necesita que sus gobernantes sean de las mejores personas que tenemos, personas de buenos ejemplos, de conducta adecuada, enemigas de lo ajeno, capaces, creativas, trabajadoras, decentes y comedidas en el uso de la palabra.
Estas elecciones de mañana constituyen una buena oportunidad para decir con los votos qué tipo de persona queremos que nos gobierne, que tome decisiones y que nos represente. La decisión es de cada elector.
