UBI RIVAS
Conforme a recientes declaraciones del ingeniero electromecánico Luis Arthur Nouel, el país dispone de una capacidad instalada de 2,600 megas y una demanda en horas pico de 1,300 megas, es decir, que tenemos el doble de las necesidades de demanda nacional. Siempre es laudable el empeño de inversionistas tanto criollos como extranjeros, en realizar inversiones en el área de producir energía eléctrica con la instalación de nuevas plantas sean generadas por combustibles fósiles (petróleo, gasoil, bunker-oil, fuel-oil) ó carbón.

Porque de esa manera mediante el arbitrio saludable de la competencia, podremos sustentar una capacidad instalada oronda, segura, para superar las graves consecuencia que genera una deficiencia energética en todos los órdenes, social, empresarial.

Resulta que el 14 del presente mes de julio, el ingeniero Radhamés Segura, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado (CDEEE), externó dos juicios fuera de contexto, siendo el primero de ellos favorecer contratos de grado a grado en plantas de carbón.

El otro, auspiciar el involucramiento del gobierno en financiar con US$140 mm dos plantas de carbón a un costo de US$500 mm que pretende instalar aquí la empresa norteamericana Westmont Power, algo en que el presidente Leonel Fernández no debe incurrir.

No debe incurrir en invertir el gobierno en una empresa privada porque no es ético, como no lo fue involucrar al gobierno en el proyecto privado del hospital del Cibao, habida cuenta de que no solamente tanto se ha censurado el que el Estado participe en negocios que son incumbencia del sector privado, sobre todo, el presidente Fernández que ha sido un gran privatizador, no a la inversa.

Como el país aguarda que el gobierno no se involucre ni en un céntimo en los proyectos, de realizarse, de la famosa isla de la Fantasía y del metro de la capital, y endosarle ambos proyectos enteramente al sector privado, sin incurrir al final en los famosos avales del Estado dominicano, porque así, no se vale.

Recordando que fue el presidente Fernández que en su anterior gestión, despojó al Estado de los activos de la antigua Corporación de Electricidad, en una operación que aún no ha convencido a muchos, el suscrito entre ellos, ni tampoco se diafanizó lo suficiente como para que aún no suscite suspicacias.

Reconocemos el interés del presidente Fernández en dotar al país de un servicio energético confiable, firme, creciente, vigoroso, superando así una de las referencias negativas que nos definen como país subdesarrollado.

En ese contexto, el presidente Fernández debe instruir a sus asesores en materia energéticas, el ingeniero Segura uno de ellos, el ingeniero Temístocles Montás, otro, y también solicitar pareceres de expertos en la asignatura como el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, ingeniero Marcelo Jorge Arias, ingeniero Leandro Guzmán, doctor Pedro Manuel Casals Victoria, que con presteza la ofrecerían con íntima satisfacción e idoneidad.

Procurar abaratar el costo de US$0.12 centavos a menos de US$0.05 como acontece en Centroamérica, con el que formalizamos un TLC, y enclave de maquilas que nos ganan en competencia por costos bajos de producción, la energía eléctrica, uno de ellos.

Todos debemos respaldar el planeamiento del presidente Fernández en dotar al país de un cada vez más capacidad instalada de energía eléctrica, y todos debemos y tenemos el deber y la obligación de advertirle no involucrar el Estado en proyectos privados, advertencia que hacemos por escrito para que como un símil de un acto de alguacil, en el futuro, «no se alegue ignorancia».