BBCC Mundo. Todos los días, después de dejar a Jonatan en el colegio, Xiomara sale a buscar trabajo. Una tarea nada fácil en España, un país con casi un 26% de desempleo. Pero sus problemas no acaban aquí.

Esta dominicana, que lleva 12 años en Madrid, tiene además un problema de horarios: solo puede trabajar entre las 10 de la mañana y las tres de la tarde, la hora en la que Jonatan, su hijo, está en el colegio.

Y Xiomara tiene que estar con su hijo no solo para cuidarlo, sino para suministrarle, cada dos horas, la insulina: Jonatan, de 5 años, es diabético.

Desde la ventana de la pequeña habitación que ambos ocupan se ven los árboles y las modestas casas de esta parte del madrileño barrio de Carabanchel, en el sur de la capital española.

Xiomara se tuvo que venir a vivir aquí, después de que la echaran de su casa, porque el alquiler era barato.

Pero el mayor problema de Xiomara, según ella misma, no es ni la diabetes, ni el desempleo, ni el hecho de vivir con su pequeño en una habitación minúscula: Xiomara se queja de que, tras serle arrebatada la casa, no puede ni siquiera empezar de nuevo: le debe casi US$ 200.mil a su banco.

La situación de esta dominicana no es ajena a miles de familias más de 400.mil casos, según el Consejo General del Poder Judicial) que se encuentran ante un panorama al que no ven ningún tipo de salida.

Después de una gran presión popular el parlamento se comprometió a estudiar una propuesta popular que pide medidas para las familias más vulnerables, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TUE dictaminará el próximo jueves 14 de marzo si la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores

De sueño a pesadilla. Los bancos son el principal objetivo de las asociaciones que luchan por evitar los desahucios.

«Desde que me echaron de mi casa todo ha sido un caos. Recibo US$590 del seguro de desempleo y tengo que pagar US$330 por la habitación. Entre eso y el transporte no puedo hacer frente a ningún gasto», le asegura Xiomara a BBC Mundo.

Por suerte los medicamentos de Jonatan no suponen un gasto muy grande, y esta es la principal razón por la que no quiere volver a República Dominicana, donde asegura que no se los podría permitir.

El caso de Xiomara no es considerado sin embargo «de vulnerabilidad especial» para el gobierno, que hace unos meses puso en marcha una serie de medidas destinadas a mejorar la situación de las familias más expuestas, entre las que se encuentran la opción a optar por un alquiler social.

Pero estas medidas tienen una serie de condiciones que Xiomara no cumple, y su banco, el BBVA, le ha asegurado que no dan alquileres sociales.

Xiomara no tiene más de dos hijos, ni Jonatan tiene menos de tres años, ni ha agotado las prestaciones por desempleo, algunos de los requisitos.

Y la cuestión de la dación en pago que la deuda quede saldada con la entrega de la casa es decisión de cada banco.

Tras considerar las medidas del gobierno «insuficientes», la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros agentes sociales pusieron en marcha una Iniciativa Legislativa Popular ILP, que, tras recoger más de 1.400.mil firmas, fue recientemente aprobada para estudio por el Congreso.

Pero esta no es la primera vez que se intenta demostrar que ley hipotecaria española debería cambiarse: el Tribunal europeo comenzó a estudiar la legislación española después de que un juez del país plantease que los consumidores españoles sufrían una ley abusiva. Ahora, muchos creen que dictaminará a favor de los afectados.

Números con caras detrás Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 se han producido más de 400.mil desahucios o ejecuciones hipotecarias en España. Detrás de los números hay familias como la de Xiomara.

«Pensamos que el tribunal dictaminará a favor de los afectados, pero no sabemos si esto va a suponer un cambio real en la actitud del gobierno», afirma Iván García, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Creemos que aun así intentarán añadir enmiendas a la ILP que se presentó», añade.

Tres peticiones. La iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene como base tres peticiones: la dación en pago retroactiva que al entregar la casa quede la deuda pagada, incluyendo a los casos de desahucios que ya se han producido, la ampliación de alquileres sociales y la paralización de los desahucios.

Lorena Mullor, de la Asociación Hipotecaria Española, está de acuerdo con que debe haber más alquileres sociales y con la paralización de desahucios en casos concretos, pero está totalmente en contra de la dación en pago generalizada.

«La dación en pago retroactiva y para todo el mundo, sin importar el caso concreto, sería un problema para el país. Esto provocaría que mucha gente devolviese la casa a la mínima que no pueda pagar, y eso no sería beneficioso para nadie», le aseguró Mullor a BBC Mundo.

Igual opinan desde la Asociación de Banca Española, quienes a través de correo electrónico aseguraron a BBC Mundo que «el problema de las personas que han perdido la vivienda por impago de su préstamo no se solucionaría aceptando la entrega de la vivienda en pago de la deuda. Una medida de este tipo agravaría aún más el problema».

«Las ocupaciones en los casos que se traten de casas que los bancos mantienen vacías con el único objetivo de especular no hacen daño a nadie».

Pero no todos lo ven así. En una intervención frente a una comisión que estudia el caso de los desahucios, Ada Colau, portavoz de la PAH, aseguró que la actual ley hipotecaria es «injusta», y que con ella miles de personas fueron «expulsadas del sistema» y «condenadas a la muerte civil de por vida».

La opción de ocupar. Rocío fue desahuciada hace poco menos de un año y tiene dos hijos adolescentes, de 16 y 14 años, con los que tuvo que irse a vivir durante dos meses a un trastero que les dejó una conocida.

«No tenía a donde ir», le dijo Rocío a BBC Mundo. «Con dos hijos, y sola, me vi en la calle».

Un día conoció a alguien que se dedicaba a «abrir puertas» de pisos y pensó que igual podría ser una solución. «Tenía mucho miedo, sabía que eso podía traer consecuencias, y que incluso podían quitarme a mis hijos.»

Pero según ella no había otra opción, y con la compañía de gente de la plataforma se convirtió, sin quererlo, en okupa.

Para Miguel Martínez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, esta falta de viviendas sociales es una de las razones por las que la gente se ve obligada a ocupar.

«La ocupación es necesaria y viable en la medida en que se den circunstancias favorables, ya que hay muchas viviendas vacías». Según Martínez, la administración pública no ha podido hacer frente a una demanda de viviendas sociales que resultan cada vez más necesarias.

Desde la Asociación Hipotecaria Española abogan por una solución distinta, y aseguran que «estas viviendas de alquiler social se están poniendo ya a disposición de esas familias a cambio de un módico alquiler y creemos que esa es la vía para solucionar el problema y no el de la ocupación ilegal de viviendas.»

El sábado pasado miles de personas salieron a la calle en toda España para protestar contra la situación social y la corrupción que vivei el pais.

«Las ocupaciones en los casos que se traten o todos comparten esta opide casas que los bancos mantienen vacías con el único objetivo de especular no hacen daño a nadie» afirma Martínez, quien no niega el problema de la viabilidad. «Una vez que el propietario denuncia, ya es casi seguro que a uno lo echan». Y vuelta a empezar.

Futuro incierto. Xiomara y Rocío se conocieron en el centro social El Eko, en el barrio madrileño de Carabanchel, donde viven ambas.

Los organizadores del grupo de vivienda de El Eko aseguran que la gente viene ahora con más tiempo, que la sociedad es más consciente del problema y ya no llegan, como Xiomara, dos días antes de que la echen. Pero a pesar del aumento de la presión popular, muchos creen que las medidas que existen ahora no son suficientes para aliviar el problema.

En las últimas semanas miles de personas han salido a la calle para exigir una vivienda digna, presionar para que los diputados no toquen la ILP propuesta y protestar contra los casos de corrupción del gobierno.

Para Xiomara, no hay otra opción más que seguir luchando. «Tengo que seguir luchando, como no voy a seguir. Lo hago por Jonatan», afirma.

Como ella, miles de personas en España intentan cada día salir adelante, sin casa, sin trabajo, y con una deuda que les condena de por vida.

Para muchos de ellos, con familias a su cargo, tirar la toalla no es una opción.