PAULO HERRERA MALUF
Mientras dormíamos, el contexto socio político dominicano cambió. Tanto así que parece que se imponen, a su vez, cambios radicales en las formas de expresión política.

 ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las tendencias identificables?  Comencemos por decir que, durante los últimos quince años, en el sistema político han convivido fuerzas de diversa índole, cuya interacción ha definido el estado actual de cosas.

Por un lado, en el ámbito de la participación política partidaria, el clientelismo ha sustituido a las ideologías como criterio de aglutinación en los proyectos de poder. La impunidad rampante, la ausencia de contrapesos y la desaparición física de los caudillos tradicionales han sido algunos de los factores que han conspirado para la entronización del pragmatismo más descarnado y descarado. Los tránsfugas han llevado y traído los gérmenes que han ecualizado el desmadre cualitativo de los partidos políticos.

Un nuevo caudillismo de subasta, basado en quién da más, ha surgido del usufructo impune del poder del Estado por parte de los grupos gobernantes. No hay que decir que el sector privado   unas veces corrupto, otras corruptor y siempre voraz   se ha sumado al festín.

Por otro lado, durante el mismo período ha tenido lugar un importante intento de reforma del Estado y sus instituciones. De la mano de organismos internacionales y multilaterales, el proceso de reforma ha cumplido las veces de espacio de expresión y de operación para un grupo de entidades oficiales y de la sociedad civil.

Si bien los esfuerzos reformadores no han podido revertir la degradación de la práctica política, hay que admitir que han logrado incidir en determinadas áreas. Algunos de los logros visibles de esta ola de reformas son los avances alcanzados en cuanto a transparencia electoral, los cambios estructurales y normativos en el sistema de administración de justicia, así como la creación de las leyes llamadas a imponer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y a proteger al ciudadano frente al poder del Estado.  

Sin embargo   y sin dejar de reconocer la constancia y el mérito de las entidades gestoras de estos progresos,   pareciera que en el momento presente se ha llegado a un tranque. Ahora que lo que toca es la implantación práctica de la mayoría de las nuevas reglas, pareciera que los viejos hábitos se han inmunizado frente a la capacidad transformadora de los agentes de cambio.

Para tener impacto en la realidad política y poder arrebatar el respeto a los derechos ciudadanos, se impone un replanteamiento del rol de los grupos de interés en el sistema político dominicano. Lo que funcionó en el pasado ya no funciona en el presente. Se necesita una nueva sociedad civil.  Esta versión renovada de la sociedad civil debe ser más abierta, más plural y más participativa. Debe ser más incluyente. Debe ser más profesional en el diseño de su agenda y en su forcejeo con los poderes públicos, y abandonar los dogmas y las posturas moralistas.

Debe hacer más trabajo de campo   en las aceras, en el Congreso, en las salas capitulares y en los tribunales   y menos trabajo de gabinete. Debe, en suma, enfocarse más en ejercer presión en actores específicos del sistema   utilizando los mecanismos que con tanto sudor ella misma ha contribuido a crear   y menos en seminarios, paneles y discursos. 

Debe cambiar palabra por acción. Denuncia por demanda. Opinión por presión.

Ese es el camino que se abre frente a los grupos de interés. Aferrarse a los espacios, a las prácticas y a los rostros conocidos, equivale a darle la espalda a ese camino, a enquistarse en un pasado cómodo y seguro. ¿Apostamos por el futuro?