Un grupo de organizaciones de la sociedad civil deploró hoy que  los últimos días de abril, el país registró  la muerte de siete mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, situación que refleja la falta de atención de una respuesta contundente contra la violencia machista, desatando niveles alarmantes.

La información, dada a conocer a través de un comunicado de prensa, la firman el Instituto de Investigación y Estudios de Género y familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Colectiva Mujer y Salud, Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Centro de Estudios de Género de Intec, Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Foro Feminista, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CEMUJER) y la Unidad Sindical de Mujeres Unidas (UNISIMAS).

A continuación el texto íntegro:

En los últimos días de abril el país ha vivido un paroxismo de violencia machista, durante el cual fueron asesinadas 7 mujeres en apenas 5 días, lo que nueva vez focaliza nuestra atención en la absoluta falta de respuesta de las autoridades ante los niveles alarmantes de violencia que sufren las mujeres dominicanas.

De repetirse el patrón tristemente familiar de los últimos años –por no decir décadas- veremos que la atención suscitada por estos terribles eventos será coyuntural y pasajera; que escucharemos las mismas bien intencionadas declaraciones de alguna funcionaria sobre los buenos propósitos de las autoridades nacionales, y que luego todo seguirá igual. En materia de prevención y combate de la violencia machista, en República Dominicana llevamos años caminando sin lograr avances significativos.

No podemos seguir viendo los feminicidios como actos criminales aislados, sino como la manifestación más extrema de un  problema estructural que afecta a la sociedad dominicana en su conjunto, cuyo origen último son las ideologías culturales que sustentan la dominación y el privilegio masculinos.

Ante la seriedad del problema y la inercia de las autoridades, las organizaciones abajo firmantes demandamos que la violencia machista sea declarada de una vez por todas una emergencia nacional y que las autoridades pongan en marcha una política urgente y contundente para su prevención y combate, que como mínimo incluya lo siguiente:

• Una respuesta articulada desde las diversas instituciones a las que compete el problema, incluyendo los ministerios de Educación, Salud, Cultura, Trabajo, Mujer y Justicia. La respuesta estatal no puede seguir centrada en el último eslabón de la cadena, o sea la persecución de los agresores, sino que se debe transversalizar a fin de asegurar un abordaje integral del problema de la violencia. En este sentido es fundamental el rol del sistema educativo, como socializador primario de las ideologías de género de las nuevas generaciones, así como el sistema de salud, visto su rol en la atención de la salud tanto física como mental de las víctimas. 

• La respuesta estatal debe estar respaldada por presupuestos específicos y con montos adecuados que permitan dar respuesta a las múltiples necesidades identificadas, entre ellas: el reforzamiento de programas de capacitación para todos los operadores del sistema de atención y sanción a la violencia; el establecimiento de nuevos programas de prevención y re-socialización de agresores; la creación de nuevas Unidades Especializadas de Atención para la recepción y atención de las denuncias y de Casas de Acogida para ofrecer refugio temporal a mujeres violentadas y a sus hijos. Resulta inconcebible que en un país donde cada año se denuncian más de 60,000 casos de violencia de género, sólo existan 17 unidades especializadas y 2 casas de acogida. 

• La atención de las autoridades no debe seguir centrada en la violencia doméstica y los feminicidios, que constituyen la manifestación más brutal y extrema de un problema estructural de carácter mucho más amplio. Es necesario abordar la violencia machista en todos sus ámbitos y manifestaciones, incluyendo la violación sexual de mujeres y niñas; el acoso sexual en el trabajo y los centros educativos; las uniones maritales de hombres adultos con niñas menores de 16 años; y hasta los productos culturales que promocionan y normalizan la violencia (v.g., música urbana) y la explotación sexual de la mujer (v.g., publicidad). 

• Por último, resulta inexcusable que a pesar de la crisis de violencia que sufren las mujeres dominicanas, el Congreso de la República todavía no haya aprobado la Ley Orgánica Integral de Violencia Contra las Mujeres. Esta ley, que llenaría muchos de los vacíos normativos y de políticas públicas existentes, hace tiempo fue consensuada y está lista para su aprobación.

La violencia de género no es un problema “de las mujeres” sino de toda la sociedad, y su solución requiere mucho más que los golpecitos de pecho y las promesas huecas que periódicamente nos ofrecen las autoridades. Es hora de que nuestros gobernantes demuestren contar con la voluntad política y la responsabilidad necesarias para hacer frente a esta tragedia que tan cruelmente castiga a tantas mujeres dominicanas y sus familias. 

El Instituto de Investigación y Estudios de Género y familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo -UASD, Colectiva Mujer y Salud, Confederación Nacional de Mujeres del Campo -CONAMUCA, Centro de Estudios de Género de Intec, Centro para la Educación y el Desarrollo –CEDUCA, Foro Feminista, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer –CEMUJER, Unidad Sindical de Mujeres Unidas -UNISIMAS.