Un grupo de organizaciones de la sociedad civil exigió ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aplicar todo el peso de la ley a los funcionarios públicos que han utilizado los recursos del Estado para su provecho personal.

En un documento depositado por secretaría, los movimientos Justicia Fiscal (JF), Participación Ciudadana (PC), Juventud Caribe, Foro por la Transparencia y el Desarrollo de San Cristóbal, Articulación Campesina La Multitud, Juventud Alianza País y Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) deploraron la “inercia”   y la flexibilidad del Ministerio Público  frente a los grandes casos de corrupción denunciados.

“El país ha visto la contundencia con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro  carcelario, mientras ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012” y los informes de la Cámara de Cuentas sobre ese tema. Agrega que la indiferencia de la Procuraduría “raya hoy en la complicidad”, y dicen que eso hay que pararlo.