La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamaron ayer acción rápida del Gobierno y  de los organismos responsables de perseguir y sancionar la corrupción y el nepotismo en la administración pública.

El vicepresidente de la Finjus,  Servio Tulio Castaños Guzmán y el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja, se refirieron al tema,  en declaraciones por separado, sobre la investigación periodística de Nuria Piera, en la que presenta nepotismo y falta a la ética  en la función pública en  instituciones  como  la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales  (CDEEE) y en el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Tras las denuncias de Nuria, presentadas en su programa de televisión, el vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura, admitió que en esa institución hay unos 40 parientes suyos, no directos, trabajando en ese organismo, con lo que, dice, no falta a la ley.

En tanto, director del Indrhi, Héctor Rodríguez Pimentel, justificó los pagos por asesoría a profesionales y dirigentes reformistas, así como a empleados de otras instituciones públicas.

Finjus exige sanción

Castaños Guzmán llamó a las instituciones de control, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, así como a la Dirección de Persecución contra la Corrupción Administrativa y al Ministerio Público, a   no dejar escapar esta nueva oportunidad de adoptar decisiones enérgicas, revestidas de transparencia y que conduzcan a llevar ante los tribunales a todos los responsables de prácticas corruptas, faltando a su compromiso de honestidad. Reclamó que  se aclare la percepción social, cada vez más generalizada, de que la lucha contra la corrupción ha fracasado.

Asimismo, Castaños Guzmán se refirió a la denuncia sobre  actos de nepotismo y malversación de fondos por parte del director de Programa de Reducción de Apagones, que operó por largos meses “sin que las autoridades superiores de ese organismo reaccionaran, lo que pone en evidencia la crisis de supervisión y descontrol que parece imperar en algunas áreas del Estado”.

El vocero de la Finjus consideró como  un clamor general que el Gobierno   elimine las causas de la cultura de la corrupción y la falta de   consecuencias ante estos delitos.

Ley de Función Pública

La ley número 41-08 de Función Pública   crea la Secretaría de Estado de Administración Pública deroga y sustituye las leyes números 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 120-01, que establece el Código de Ética del Servidor Público, establece prohibiciones y sanciones contra el servidor público que no cumpla. El capítulo 1 en su artículo 77, la ley establece los principios rectores de la conducta que deben exhibir los servidores públicos,  son: cortesía, decoro,  disciplina, honestidad, vocación de justicia y de servicio, lealtad, probidad y pulcritud.

Falta respuesta

De su lado, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, licenciado  Javier Cabreja, lamentó las prácticas corruptas y de nepotismo en la administración pública.

Al referirse a los casos de la CDEEE y del INDRHI, consideró   una clara violación  a la ética  que funcionarios incorporen en los estamentos del Estado a sus familiares, amigos y allegados,  tras calificar esa práctica como  una  franca violación a la leyes y a la ética.

“El hecho de que sigan existiendo denuncias de esa naturaleza   evidencia que no es cierto el discurso planteado de la Presidencia de tolerancia cero contra la corrupción”, manifestó.

 Para Cabreja no hay respuesta clara frente a violaciones graves a las leyes, como la de Función Pública, que establece claramente que los funcionarios y empleados públicos tienen que ser transparentes y éticos.

 Consideró que con las últimas denuncias y la falta de acción, se evidencian la poca disposición y voluntad política para cumplir las leyes existentes en el país en materia de transparencia y conducta ética desde el Estado.

Cabreja pidió a la Comisión de Ética y Combate de la Corrupción, así como a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)  jugar un papel importante, atendiendo las denuncias y sancionar debidamente a los funcionarios  que incurran en ese tipo de  prácticas.

Dijo que el Código Penal tiene entre sus figuras la utilización del nepotismo, lo que es condenable.

Los protagonistas

Servio T. Castaños

Vicepresidente ejecutivo de la FINJUS

Finjus reclama    al Estado dominicano, a través de sus instituciones de control  adoptar decisiones enérgicas, revestidas de transparencia y que conduzcan a llevar ante los tribunales a todos los responsables de prácticas corruptas.

Javier Cabreja

Director de participacion ciudadana

Participación Ciudadana  considera que las  constantes denuncias de nepotismo y corrupción en la administración pública evidencian que no es cierto el discurso planteado por la Presidencia de tolerancia cero contra la corrupción.

Radhamés Segura

Vicepresidente de la CDEEE

El vicepresidente ejecutivo  de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales   confirmó que hay unos 40 parientes suyos, no directos, trabajando en  esa institución del Estado. Rechazó que haya corrupción en ese organismo. 

Héctor Rodríguez

Director general del INDRHI

El director del Indrhi califica como  normal alterar el presupuesto cuando se ejecuta una obra. De los asesores detalló que sus compatriotas  Juan Esteban Olivero Féliz y Ruddy Nelson  Frías, son abogados experimentados y con funciones específicas.