Sociedad civil y partidos creen lucha corrupción es indetenible

Sociedad civil y partidos creen lucha corrupción es indetenible

Marcha contra la corrupción y la impunidad, el pueblo quiere justicia e someter a los corrupto político y estafadores del pueblo. En foto : el pueblo : Hoy Duany Nuñez 22-1-2017

La marcha que el pasado domingo pidió a gritos el fin de la corrupción y la impunidad marca un punto de referencia y señala un proceso indetenible de cambios en el país. Así lo entienden tanto organizaciones de la sociedad civil como partidos políticos.
Para Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, la marcha constituye “un giro político” cuyos resultados dependerán de acciones permanentes contra la corrupción.
“Lo más importante de la marcha fue que la ciudadanía identificó que los sobornos de Odebrecht han revelado los niveles de corrupción que han caracterizado a los gobiernos del PLD y al Gobierno de Danilo Medina”, expuso.
Moreno reiteró que el mandatario está “enlodado hasta el cuello” en los sobornos de US$92 millones entregados por Odebrecht a funcionarios públicos desde el año 2001.
A su juicio, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, trató de “desinflar” la marcha, al anunciar horas antes un acuerdo que establece un pago de US$184 millones por parte de Odebrecht a favor del Estado.
Aunque el acuerdo ordena a Odebrecht pagar esa suma al Estado, Moreno lo rechaza por entender que un resarcimiento de esa índole le corresponde a un juez. Explica además que, una vez identificada Odebrecht como la empresa sobornante, hay que identificar a los sobornados.
En tanto, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), felicitó al pueblo por su comportamiento cívico durante la caminata.
Según él, la marcha evidenció la necesidad de que haya una transformación en los estamentos del Estado, ya que no tienen contrapeso y están controlados por un partido. Por tanto, pidió un cambio de conducta en la nación.
Jesús “Chú” Vásquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), percibe que la manifestación fue “entusiasta, espontánea y participativa”, y cree llegada “la época en que la gente está decidida a luchar contra el cáncer de la corrupción en el país”.
Minou Tavárez Mirabal, excandidata presidencial, entiende lo mismo. En efecto, juzga como un éxito “espontáneo” la asistencia masiva de personas.
Según ella, la procesión es un paso de avance en la lucha tenaz contra la corrupción y la impunidad.
Así también, estima que los objetivos de la manifestación dependen de acciones políticas, porque “la única manera de terminar con la corrupción es sacando a los corruptos del poder” a través de la lucha política.
A su juicio, la marcha fue un grito popular lanzado en el sentido de que “ya basta de impunidad”, porque el pueblo “quiere que se tiren piedras para atrás”.
Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ministro de Industria y Comercio, interpreta la marcha como “un buen mensaje” enviado al Gobierno.
Saludó la iniciativa social de exigir transparencia, castigo contra los corruptos y fin de la impunidad.
“El PLD saluda esa manifestación y nosotros nos sentimos comprometidos con las cosas que motivaron esa marcha”, dijo Montás.
Empero, otro miembro del Comité Político del PLD, Franklin Almeyda, había afirmado que la marcha fue convocada por los partidos de oposición.
Voces de la sociedad civil. Roque Féliz, representante del Centro Bonó, aprecia la marcha como “una expresión social de desaprobación”, pues la ciudadanía mandó un “mensaje claro al poder público” en rechazo a los actos de corrupción.
La marcha entraña otras connotaciones, según él. Así pues, sirve para promover la confianza de que se puede luchar para erradicar dichos flagelos.
Sin embargo, Féliz estima que las consecuencias del grito anticorrupción “dependen mucho de la voluntad política de los tomadores de decisión, del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana”.
Advierte que, si el Gobierno ignora el reclamo de justicia contra los corruptos, los movimientos sociales se lanzarían a las calles y marcarían una ruta de protestas impredecibles.
“Si el Gobierno no presta atención, no cabe duda de que la ciudadanía va a seguir movilizándose. Habrá marchas, reuniones y mesas de concertación institucionales, y vamos a tener una ruta de confrontación que nadie va a poder evitar”, sentencia Féliz.
Asimismo, llamó al Gobierno a actuar con cordura, atender las exigencias de la gente y sancionar a los corruptos. De lo contrario, la lucha sería indetenible, porque “eso no se va a detener”.
En tanto, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destaca que es cada vez mayor la percepción de que hay impunidad en el país, gracias a que los corruptos evaden la justicia a través de diversas tretas.
Esta situación, según Finjus, provoca una gran desconfianza en la justicia y los poderes públicos. Por tanto pide una lucha enérgica contra los culpables de todo tipo de crimen.
“No ha existido en los poderes públicos la voluntad política de investigar y sancionar todos los casos de corrupción, apegados al debido proceso de ley, sin favoritismos y con total transparencia”, observa Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Mientras, la Fundación Justicia y Transparencia ve como un avance el acuerdo que obliga a Odebrecht pagarle US$184 millones al Estado dominicano.

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