Sociedad de hipocresías y chantajes

Sociedad de hipocresías y chantajes

JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Después de muchos años de debate en el que organizaciones vinculadas a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer reclamaban la despenalización sino total al menos parcial del aborto, el nuevo Código Penal aprobado al vapor en el madrugonazo legislativo con que se despidió la mayoría perredeísta, ha agravado irracionalmente la situación.

De repente se fueron a la porra todos los diálogos y consensos que se había logrado a nivel de comisiones legislativas, y en un frenesí legislativo de último momento diputados y senadores decidieron que hay que perseguir duramente a toda mujer que se practique un aborto, a los médicos que colaboren en el mismo, a quien pudiera hacer de intermediario y a cualquier que provea medios materiales que faciliten la interrupción del embarazo.

Contrariando criterios científicos y psico-sociales modernos se dio marcha atrás a un cierto consenso para despenalizar el aborto terapéutico, que es el recomendado cuando está en peligro la vida de la madre, y cuando el embarazo haya sido fruto de una violación.

Según el “nuevo” Código Penal aprobado, una mujer que interrumpa un embarazo para salvar su vida, tendrá que vérsela con la justicia y será castigada con prisión de entre 4 y 10 años. La que anule un embarazo causado por violación también sería encarcelada. En vez de compasión, justicia y solidaridad, la sociedad la sancionará como criminal si no acepta el fruto de esa violencia. Simple formalidad porque no se conoce un caso de mujer condenada por abortar.

Sólo la hipocresía y el chantaje pueden explicar que la sociedad dominicana esté todavía tan lejos de la racionalidad, compartiendo con cuatro o cinco países del continente el honor de sancionar el aborto terapéutico y el originado en una violación.

Hipocresía porque las instituciones de la salud estiman que en el país se practican entre 80 y 100 mil abortos por año. Al ser considerado un crimen, se hacen en la clandestinidad, a menudo en precarias condiciones que arrastran la vida de las mujeres.

Hipocresía porque mujeres de todas las clases sociales apelan a ese recurso último para interrumpir el embarazo. Las pudientes en condiciones confortables y bajo atención médica, la mayoría pobre en situaciones de alto riesgo. En la mayoría de los casos llegan a los hospitales públicos en proceso de abortar, con complicaciones de salud y frecuentemente pagan con sus vidas.

Hipocresía, porque muchos de esos legisladores que insistieron en penalidades de 4 a 10 años a cualquiera que “causare o coopere directamente a causar el aborto de una mujer embarazada”, sin distinción de ninguna especie, saben que están agravando la situación de las más pobres que se autoinducen el aborto y luego se presentan a los hospitales buscando asistencia.

Los dirigentes del Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia están clamando por la observación presidencial de esos aspectos del código y por su revisión legislativa. Porque entienden que en adelante muchos de sus miembros serán más renuentes a prestar asistencia a las mujeres que les lleguen en proceso de abortar. De hecho se señala que siempre algunos médicos han sido renuentes a prestar esa atención profesional y reprenden a las mujeres en proceso abortivo.

Las mujeres abortan porque no se les educa para evitar embarazos indeseados, porque se les estigmatiza y priva de la educación, porque las repudian sus familiares, porque no pueden educar y mantener los hijos, porque pierden sus precarios empleos.

El aborto es un problema social y no un acto delincuencial que ha sido despenalizado en gran parte del mundo desarrollado. Hasta entre los teólogos se ha debatido por siglos en qué momento de la concepción o el embarazo “entra el alma al cuerpo” o se puede considerar que existe ya una nueva persona humana, fruto de derechos. Ni hablar en el mundo científico y de las autoridades laicas del universo.

Merece respeto la concepción religiosa de quienes creen que ni siquiera se puede evitar el embarazo por otros medios que no sea la abstención sexual, pero rechazo que eso se le trate de imponer con penalidades a quienes opinan lo contrario.

El atraso es tan grande que todavía en los hospitales públicos dominicanos y en el de las Fuerzas Armadas se rehuye la responsabilidad de ofrecer facilidades a las mujeres pobres e ignorantes que paren abundantemente para que puedan evitar nuevos embarazos.

Sólo el chantaje en el que caen autoridades y legisladores sin personalidad ni valor, muchos para ganar indulgencias por arrastrar colas que le pisen, o para obtener visados al poder, puede explicar que todavía predominen legislaciones fruto del fundamentalismo religioso.

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