Para el sociólogo César Pérez, lo más grave que ha salido hasta ahora en el escándalo de Odebrecht ha sido la confesión hecha por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás, de que recibió dinero de la empresa brasileña para las campañas electorales del presidente Danilo Medina.
Por tal razón, Pérez considera que el mandatario debería ser el primero en ser investigado. “No solamente hay una violación penal de sobornos, sino también en término político-electoral. Cómo en las elecciones falsea la voluntad popular utilizando recursos de una empresa extranjera, es el grado sumo de la corrupción, un crimen de lesa patria”, reflexiona.
El cientista social cree también que “no están todos los que son”, como afirmara el procurador general, Jean Alain Rodríguez.
En efecto, estima que el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, también debería ser objeto de investigación. Sin embargo, eso no ha sucedido porque el Ministerio Público le ha dado un manejo político al expediente, según él.
“Temo ha dicho sí, yo tomé dinero para la campaña política. Aceptar eso es aceptar que se violó una ley por la que usted no puede recibir recursos de una empresa internacional para provocar un hecho político, y eso es lo que Temo ha dicho que ha sucedido”, postula Pérez.
La visión de Pérez rebasa lo judicial, pues ve que “el punto esencial de esta crisis no es meramente penal, sino político”.
Para él, ya el escándalo ha empezado a erosionar al sistema de partidos, por lo que podría generar el surgimiento de un nuevo liderazgo en el país. Si no arriesga un vaticinio extemporáneo, se adelanta a los escarmientos del caso.
Escarmientos. César Pérez no establece paralelismo entre el escándalo actual y otros del pasado. Antes bien, estima que este caso ha llegado lejos por dos razones: por la presión internacional y por el empuje del Movimiento Verde.
De lo que sí está convencido es de que el escándalo actual incidirá en el cambio de comportamiento de la élite política.
Esto quiere decir, que el caso en cuestión pone en jaque a la estructura de corrupción que la esfera gobernante ha mantenido durante años, observa Pérez.
“Muchos dirigentes de la clase política no saldrán indemnes ni limpios de este proceso, y evidentemente tendrán que pagarlo”, expone él.
Percepción popular. Mientras Pérez ve las repercusiones políticas del escándalo, otros perciben que el gobernante es el que maneja los hilos ocultos del expediente.
Uno de ellos es Sixto Almonte, para quien no habrá justicia en el caso.