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EL CAIRO (EFE).- El atentado de Sharm el Sheij de la madrugada del sábado, el más grave de la historia del Egipto moderno, fue perpetrado por tres suicidas y un cuarto hombre que utilizaron sofisticados explosivos procedentes del extranjero. Estos han sido los resultados de las primeras pesquisas de la policía egipcia, que además ha detenido a no menos de setenta personas en Sharm y en otras poblaciones de la península del Sinaí.
Las autoridades egipcias han establecido la cifra de muertos en 64, según los últimos datos ofrecidos hoy en el Consejo de Ministros, pero fuentes médicas en Sharm el Sheij aseguran que recibieron noventa cadáveres.
Dos de los suicidas iban dentro del coche que destrozó el Hotel Ghazala Gardens, otro suicida es el que arremetió contra el mercado público, a seis kilómetros de allí, y el cuarto terrorista murió abatido por la policía tras ser descubierto con un paquete sospechoso y arrojarlo contra sus perseguidores, matando a 21 agentes.
Los explosivos utilizados están hechos con materiales «que no se encuentran en el mercado egipcio, ni legal ni ilegalmente», según explicó la agencia oficial egipcia MENA.
Además, fuentes de la seguridad del estado que no se identificaron dijeron a EFE que buscan activamente a dos paquistaníes entrados ilegalmente al Aeropuerto de El Cairo el pasado 5 de julio.
Según estas fuentes, no está claro si estos paquistaníes, que usaron documentos falsos, están vinculados a los atentados, pero tampoco está descartado.
Los miles de policías desplazados a Sharm han concluido la ingente tarea de identificar a todos los trabajadores de esta ciudad exclusivamente turística y chequear sus fechas de llegada, así como las fechas de salida de los trabajadores que por una razón u otra estuvieran ausentes de Sharm.
Por su parte, otros colegas suyos están analizando los cadáveres supuestamente pertenecientes a los terroristas, sin haber podido todavía identificar su nombre ni su nacionalidad. También los heridos en condición estable han sido interrogados por la policía para poder encontrar en sus testimonios señales que ayuden a los investigadores, según dijo el Fiscal General egipcio, Ahmed Abdel Wahed.
Añadió que quedan todavía 18 cadáveres sin identificar, la mayoría carbonizados y difícilmente reconocibles.
El gobierno egipcio, en su reunión de hoy, examinó las consecuencias del atentado, y concluyó, según el primer ministro Ahmed Nazif, que «el número de explosiones, su ubicación y su volumen están claramente dirigidos a dañar a la economía y al pueblo de Egipto».
El gobierno insistió en que el país «no se rendirá a los terroristas que quieren interrumpir su progreso e impedirle seguir fiel a su postura por la paz en la región».
Con esta frase, el gobierno reconoce que la postura mediadora del régimen de Hosni Mubarak en el conflicto palestino-israelí, que muchos en Egipto perciben como obediencia a los dictados de Estados Unidos, puede haber sido una de las razones que han espoleado a los terroristas.
Hoy mismo comenzó en la población egipcia de Ismailiya (150 kilómetros al este de El Cairo) el juicio contra tres acusados del atentado del pasado octubre en Taba, también en el Sinaí, que dejó 34 muertos en varias explosiones simultáneas.
La comisión del atentado de ayer, justo un día antes de que comenzara este juicio, no dejó de ser subrayada por varios observadores, y el propio ministro del Interior, Habib el Adly, reconoció que podía haber alguna relación entre los dos atentados.
El hecho es que el proceso que comenzó hoy ha llegado tras una campaña indiscriminada de detenciones (hasta 5.000 personas fueron arrestadas) e interrogatorios practicados en varias poblaciones del Sinaí en busca de posibles vinculaciones de los beduinos del lugar con aquellos hechos.
Esa campaña de detenciones ha sido duramente denunciada por organismos pro derechos humanos.
