El Ministerio de Energía y Minas solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, para lo cual le sometió una propuesta de resolución con un esquema financiero que asegura al Estado beneficios superiores al 40% e incluye estrictos compromisos de preservación ambiental.

Bajo ese modelo-sin precedentes desde 1992 cuando el Código Tributario introdujo cambios en la renta gravada- el Estado percibirá un total de US$224 millones durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo, cuyo valor presente se calcula en US$561 millones conforme con los precios actuales de los metales. Estos montos pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.

La empresa solicitante Gold Quest, de capital canadiense y suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la Ley 146-71, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años. Una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 5% de las ganancias para la Contribución Municipal dispuesta por la Ley 64-00.

Con el compromiso de la empresa -consignado en una declaración jurada que acompaña el expediente- el Estado estaría recibiendo US$52 millones adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa, que además se compromete formalmente a no usar en sus procesos elementos químicos contaminantes ni las aguas del río San Juan ni de fuentes subterráneas y de explotar la mina con parámetros que produzcan los menores impactos ambientales.

Dijo que en la declaración jurada Gold Quest también se compromete a no presentar como deducible del Impuesto sobre la Renta costos y gastos de concesiones de exploración que lleve a cabo en paralelo con la explotación del proyecto Romero.

El ministro Antonio Isa Conde informó hoy durante una conferencia de prensa, que remitió la semana pasada la propuesta de resolución de concesión al Poder Ejecutivo.

MEIM

“Quiero enfatizar que a los beneficios de 40% para el Estado habría que agregar el pago del ITBIS por parte de la empresa, haciendo mayor a esa proporción los ingresos para las arcas públicas, llegando a superar el 50%”, expresó el ministro, tras resaltar que Romero es el primer proyecto minero subterráneo que no acarrea los costos ambientales propios de la minería a cielo abierto.

Dijo que –en caso de que la concesión sea autorizada- el Estado recibirá los beneficios descritos sin invertir para la exploración previa ni para la explotación que se solicita y sin garantizar beneficios o resultados mínimos, autorizar exenciones o privilegios ni asumir riesgos.

Para asegurar que se alcance la expectativa económica de la explotación en beneficio del Estado “el Ministerio de Energía y Minas podrá auditar, fiscalizar y comprobar directamente la veracidad de las cantidades embarcadas y los precios reales de venta con los compradores extranjeros a quienes se exporte el producto, otorgando mayor fidelidad a la fiscalización del Estado”, sostuvo Isa Conde.

El titular del MEM apuntó que tomó la decisión de remitir la propuesta de resolución al presidente Danilo Medina luego de un proceso de evaluación técnico, jurídico y financiero,desarrollado durante un año y cuatro meses, el cual determinó que el proyecto cumple con los requisitos y formalidades exigidos por la ley.

Explicó que la sociedad comercial Gold Quest Dominicana, S.R.L., a través de su principal accionista, Gold Quest Mining, Corp., posee importante capital de origen suizo, por lo que dichas inversiones están protegidas por la Resolución 37-06 del Congreso Nacional, que aprueba el acuerdo suscrito entre la República Dominicana y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección de Inversiones, del 27 de enero de 2004.

“Por tal motivo no podemos retrasar de manera injustificada un proyecto que cumple con todos los requisitos y formalidades que la Ley establece hasta esta etapa”, indicó Isa Conde en una carta entregada la semana pasada a la Presidencia y que acompaña el proyecto de resolución.

El funcionario afirmó que de materializarse la resolución, constituiría “un modelo de defensa de los intereses económicos, sociales y medioambientales por el que debe velar el Estado en beneficio de sus nacionales”.

Explicó que el logro de las condiciones descritas favorables al interés nacional -que se aplicarían en cualquier otro proyecto futuro de la empresa en el país- está inspirado en el ejemplo de voluntad del presidente Medina en la renegociación del contrato con Barrick Goldy “materializa la visión del Ministerio de Energía y Minas sobre sostenibilidad minera.”

Manifestó que la sostenibilidad no solo implica el cuidado y protección al medio ambiente, sino que también toma en consideración aspectos económicos que buscan el progreso de la Nación basado en la rentabilidad y el bienestar social de las comunidades y su desarrollo.

Precisó que el otorgamiento de la concesión no implica el derecho de explotar la mina, ya que para esos fines la empresa necesitará obtener la licencia ambiental, que sería emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) luego de realizar una evaluación de la documentación técnica, que determinará si la explotación es viable y conforme con la protección del medioambiente.

“La pobreza y la desigualdad no se combaten con palabras sino con acciones. Creo que la sostenibilidad no es incompatible con el desarrollo minero responsable y que tanto minería salvaje como el fundamentalismo ambiental son cara de una misma moneda: la pobreza”, indicó.