POR LLENNIS JIMÉNEZ
La empresa promotora del proyecto turístico de Sans Soucí le solicitó ayer al síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, que desaloje los negocios de la avenida George Washington situados entre el monumento a Fray Antón de Montesinos y la plaza Juan Barón, a cuyos ocupantes calificó de ilegales, con excepción de los restaurantes «D’Luis Parrillada» y «El Torreón Siglo XVI».

Los inversionistas le plantearon al síndico en un documento, copia de la cual tiene este diario, la realización de los desalojos que no representen un costo político.

En una visita que los promotores efectuaron a Salcedo, para solicitarle los permisos de construcción del proyecto denominado «De revitalización y ampliación del puerto de Santo Domingo», y que abarca la creación de una marina deportiva, así como un Club Náutico, depositaron la documentación requiriendo autorización para hacer un parqueo en el área.

La comisión ejecutiva, encabezada por su presidente de Inversiones Turísticas Sans Soucí, Lisandro Macarrulla, le pidió al ayuntamiento que saque de la referida zona a 44 de los 46 establecimientos, los que de acuerdo a un inventario depositado en la administración del cabildo, tienen vencidos los permisos de la Sindicatura.

Macarrulla y Salcedo firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo del proyecto, que establece que en la explotación y administración del área deben cumplirse una serie de normas ambientales, como son el tratamiento de las aguas servidas.

Sin embargo, en el ayuntamiento no se informó sin los inversionistas depositaron los planos, tampoco se pudo determinar su la administración contempla someter el proyecto a la consideración de la Sala Capitular, como amerita la magnitud de la obra.

El restaurante D’Luis Parrillada es propiedad del contralmirante Luis R. Lee Ballester, quien actualmente es director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP). El ayuntamiento autorizó el negocio el pasado 12 de marzo, por un período de diez años. La certificación fue concedida cuando se ampliaba el edificio. Mientras que el restaurante El Terreón cuenta con un permiso de Patrimonio Cultural.

La empresa considera que un tercer negocio que podría permanecer en el área es «Malecón 7», si acepta someterse a las mismas condiciones de los anteriores, es decir, que reúnan un mínimo de condiciones, y que mejoren sus estructuras al nivel que requiere un proyecto como el que va a ejecutarse en el lugar.

Los promotores le comunicaron al ayuntamiento que con su cooperación se proponen iniciar un desalojo «abreviado» con los ocupantes ilegales y que un primer pasado consiste en el retiro de los carritos u ocupantes aislados, «aquellos que no representan un costo político».

La empresa consultó la Ley 3456, sobre Organización del Distrito Nacional, para recomendarle al Ayuntamiento las medidas que puede tomar para desalojar el área.

Agrega la empresa que en la Plaza Juan Barón operan 39 ocupantes agrupados en una asociación ilegal, ya que no tienen ningún requerimiento, ni está amparada por la ley 520. «En este caso, para evitar un costo político, a la Sindicatura solo le requerimos un auxilio mínimo legal del Ayuntamiento».

El sugiere al síndico Salcedo que el síndico del Distrito Nacional tiene la facultad de declarar «peligro público, lesivo al ornato y estorbo público» aquellas construcciones que reúnan ciertas condiciones al respecto. Le plantearon a Salcedo que de un plano a los ocupantes por resolución para que proceda al retiro y demolición, pero que no acuda a la Sala Capitular.

Inversiones Turísticas Sans Soucí le planteó a Salcedo que instruya a la Oficina de Planeamiento Urbano apoderar a los tribunales municipales para que emitan sentencias al respecto.

En la especie debemos señalar que no importa el uso anterior dado a la Plaza Juan Barón, la realidad es que conforme al decreto 177-05, la Ley 305 del 30 de abril de 1968, que a su vez modifica la Ley 1474 del 22 de febrero de 1938, el uso destinado a ese lugar a variado, y debe ser el necesario para la construcción del Proyecto de una Marina Deportiva, por lo cual entendemos el Tribunal nos otorgará una sentencia que ordene el desalojo inmediato conforme los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 675 de 1944″, confía la empresa al síndico.

Sin embargo, en la parte final del documento entregado al ayuntamiento, los inversionistas dicen que la pretendida resolución al caso dejaría en manos de los tribunales una decisión final, pero que sería ejecutable no obstan te cualquier recurso. «En términos más claros, nos permite ir ejecutan do el decreto 177-05 de dos formas, sin paralizar el proyecto, a un costo político mínimo».

Inversiones Turísticas Sans Soucí hizo un levantamiento entre el monumento a Montesinos y la franja del Obelisco Macho para establecer los ocupantes de hecho, con y sin permisos del ayuntamiento, el estatus jurídico, y a partir de los datos, hacerle una serie de sugerencias al cabildo para que realice el desalojo con los menos inconvenientes posibles, sobre la base de que con el decreto 177-05, el Poder Ejecutivo les establece el uso del lugar y cambió las condiciones del área para la construcción de la marina.

INFORME

En el encuentro en uno de los salones del Palacio Municipal entre Salcedo y Macarrulla, estuvo el secretario general del cabildo, Domingo Contreras; el consultor jurídico, Joaquín López, y el director de Planeamiento Urbano, Edmundo García. Por la empresa estuvo la abogada Miriam Paulino y técnicos del proyecto.

Salcedo dijo que el proyecto es de gran trascendencia para la ciudad y al que le están dando todo el apoyo necesario para que se traduzca en una realidad.

Manifestó que revisarían algunas áreas del entorno, como toda la parte de Montesinos y la plaza Juan Barón, en las que tienen los objetivos de reacondicionar. «No es posible que una marina pueda ser exitosa si lo que le rodea no está realmente readecuado».

El levantamiento de la empresa promotora indica que en la franja están sin permiso o los tienen vencidos la mayoría de los negocios ocupantes. En la lista de los establecimientos sin permisos presenta a: Maleón 7, La Casita de Pérez, Franklin W. de la Rosa, Gino Leonardo, Daniel Pierret Guzmán, Chimi La Llave, Faustino García, Eneroliza Familia, Claribel Casado, Isidro C. Ramírez Julio Rosario, La Fragancia, Rosario Ant. Ramírez, Hernán Sención (El Pollo), Bon Beni a mi Casita, Cafetería El Tanquepiro.

René Columna Guzmán, Cristina Ivelisse Morla, Carmela Concepción, Martha Beltré, Lonel Silfredo Fernández, Fátima del Mar I y II, Margarito Díaz Manzueta, Demetrio Núñez, Domingo Francisco Sánchez. Ángel María Maldonado M., Felipe Antonio Concepción, Santo Luciano Sánchez.

También, Rafael Francisco Gómez, Emilio Ubril Cabrera, Francisco Aracena Sánchez, Pedro Ramírez Crisóstomo, Expreso Seven, D’ Carmen Cafetería, Candida Hernández Santo Méndez, Altagracia montero. Además, Héctor Rodríguez, Octavio Marte, Leoncio del Rosario y Sabor Latino.

En cambio, de acuerdo al inventario de Inversiones Turísticas Sans Soucí, solo cuentan con contratos y/permisos los negocios: D’Luis Parillada, el «Punto de Tocino -del siete de marzo del 2001-, «Malecón Fría» -del cuatro de febrero pasado-. «Ángel José Hiciano» -con permiso de octubre del 2002-, «Elisabeth de Jesús» -del 13 de diciembre del 2002-, «D’Luiggi Pica Longa» -del siete de mayo del 2001-. «Cafetería María Dalia» -del 13 de febrero del 2001-, «Guillermo Pérez»- del cinco de diciembre del 2002-. «Emilio Sánchez» – del cinco de diciembre del 2002, «Casilda Fortuna» -del 30 de enero del 2001, e «Hilda René Moreno» – del 23 de enero del 2001.

La parte referida al «Status Jurídico» explica que en los 46 ocupantes, figuran personas físicas con negocios móviles o no, y estructuras sólidas, para cuya indagatoria indica que se usó una lista de los establecimientos, suministrada por el Departamento de Ingresos y Rentas del Ayuntamiento, que «nos da un solo resultado: todos los ocupantes son ilegales a excepción de dos».

Explica que en principio notaron la existencia de más personas que las que se encuentran, debido a que el censo del ayuntamiento es de hace dos años. Además de que observan que existen personas en la lista que no coinciden con los reales ocupantes, a lo que atribuyen que muchas de las personas que obtuvieron el permiso del ayuntamiento, por un período de un año no renovaron, sino que procedieron a ceder o traspasarlos a terceros, sin el conocimiento de las autoridades.

La empresa afirma que en la actualidad, el ayuntamiento no percibe recursos por los negocios con permisos vencidos.