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POR TANIA HIDALGO
La fiscalía del Distrito Nacional solicitó ayer apertura a juicio preliminar contra 59 oficiales activos y retirados de la Policía Nacional, incluyendo el ex jefe de esa institución, mayor general retirado Jaime Marte Martínez y varios de sus más cercanos colaboradores. La fiscalía acusa al grupo de oficiales activos y retirados de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y abuso de confianza por haber usufructuado vehículos robados y que habían sido recuperados por la Policía.
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, manifestó que esa decisión ha sido el resultado de una profunda investigación.
Al preguntársele si solicitó la suspensión de los oficiales activos, Hernández Peguero respondió que eso corresponde al jefe de la Policía, Manuel de Jesús Pérez Sánchez. Dijo que las investigaciones no han concluido, por lo que no descartó la inclusión posteriormente de otras personas.
Además de Marte Martínez, en la instancia de solicitud de apertura a juicio preliminar depositada por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols, figuran los generales de brigada de la Policía Yuri Ruiz Villalona y Osvaldo Hernández de la Cruz (El Pachá), los generales retirados Pedro A. Hernández Reynoso y Ernesto Ovalles Concepción, así como el coronel Felipe Terrero García.
También los generales retirados René Eurípides Luna Pérez, Miguel Angel Durán Delgado, Guarionex Aguero Encarnación, Simón Radhamés Guerrero Castillo, César Ares Guzmán, Antonio de la Cruz Fernández López, Rafael Almonte Morrobel, Frank Pichardo Manzano, Esteilo Luciano Sánchez y Luis Martín Rodríguez Florimón.
Los generales activos Valentín Rosado Vicioso, Juan Alejandro Deñó Brioso, Ramón Francisco Rodríguez Sánchez y Alberto Bienvenido Olivo.
De igual manera, los capitanes Héctor Corcino Espino, Oscar Tejeda Báez, Luis Féliz Castillo y Wilfredo Reyes Reyes,
así como los coroneles Felipe Manuel Terrero García, Ramoncito Girón Alcántara, Eduardo Sarraf Herrera, José Mercado Herrera, Saturnino Lora Ureña, Juan Guzmán Toribio, Miguel Angel Sánchez Martínez, José Osvaldo Morillo Rodríguez, Marcos Roa Castillo, Juan G. Brown Pérez, Juan Antonio Mejía Ruiz, José A. Polanco Gómez y Máximo Ramón Vilorio Calderón.
Deberán acudir a los tribunales los oficiales con rangos de mayor Dennys Amauris Díaz, José D´oleo, Wilton de Jesús Cepeda Abreu, Lirio Rojas Acosta, incluyendo al ex mayor Gerson Matos Díaz.
El primer teniente retirado Luis Antonio Marte Martínez, y los activos Jackson Maldonado Zabala, Zauris Belliard Vargas y Edward Tiburcio Ramírez.
Otros oficiales implicados en el caso son los tenientes coroneles Eris Rosario Magarín, Rafael Herrera Peña, Justo Batista Tavárez, Martín de Jesús Burgos, José Antonio Ceballo, Fernando Féliz Medrano y José Guzmán Beato.
También el segundo teniente Ricardo Campos Batista, el sargento mayor Alfredo Santana Mélido y los sargentos Luis Alberto Javier y Rafael Osiris Pérez Reynoso, así como el ex capitán Ramón Cuevas Castillo. En la lista de los oficiales sometidos a la justicia aparece además Rafael Terrero, de generales ignoradas.
«Queremos enviarle un mensaje a la sociedad dominicana de que en nuestras manos no perecerá la obligación que tenemos de perseguir los actos delictivos sean éstos cometidos por oficiales, politicos, funcionarios o por ciudadanos comunes y corriente», precisó el fiscal en rueda de prensa efectuada en su despacho.
En la instancia, la fiscalía expone que a los implicados se les acusa de ser negligentes en efectuar todas las diligencias a su alcance para devolver los vehículos a sus dueños, «con la gravedad de que en muchos casos se hizo registrar en el sistema de cómputos del Departamento de Investigaciones de Vehículos Robados la devolución de gran cantidad de los vehículos recuperados a sus propietarios sin ser cierto».
«Estas circunstancias permitían que los oficiales y demás usuarios permanecieran en uso prolongado de los vehículos, con el consiguiente perjuicio de los reclamantes y de varias entidades aseguradoras que estabasn ajenas a estos sucesos, desde el unto de vista de la depreciación, el lucro cesante y en muchos casos la imposibilidad de adquirir otro vehículo», añade el fiscal, al motivar el sometimiento.
