El Ministerio Público solicitó hoy penas que van desde 5 a 10 años para todos los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, así como la imposición de multas, el decomiso de bienes en favor del Estado dominicano, y el pago de las costas del proceso.

En la conclusión de la presentación de sus presupuestos en el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión contra el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado  cabeza del presunto entramado, e igual pena para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.

Mientras que contra Tommy Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Inapa, y Andrés Bautista García, expresidente del Senado, fue solicitada una condena de cinco años de prisión, respectivamente.

En el caso de Conrado Pittaluga Arsena, abogado notario vinculado a Díaz Rúaz,  el Ministerio Público demandó del tribunal una condena de 7 años de reclusión, por sus supuestos vínculos en los contratos hechos en el Ministerio de Obras Públicas para favorecer el proceso vinculado a la multinacional.

Además, contra todos los implicados se pidió el pago de  200 salarios de multa, el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes presentados previamente en audiencia, así como el pago de las costas del proceso.

Medida de coerción. En su petición ante el tribunal, el Ministerio Público aprovechó para solicitar, además, al variación de la medida de coerción de cada uno de los imputados por la imposición de la prisión preventiva, tras considerar que es la «única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento de la sentencia que ha de intervenir».

Justificó esta última medida al considerar que en el pronunciamiento y ejecución de la sentencia «hay un plazo en todo el proceso, el cual en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados, para evitar el cumplimiento de la sentencia».

Tras la conclusión del Ministerio Público, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, decidió aplazar el juicio por razones de horario, para el próximo 29 de este mes, momentos en que le tocará a la defensa técnica de Rondón Rijo exponer su presentación de clausura.