Amparados en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, los organizadores de la Marcha Contra la Corrupción solicitaron ayer a la Procuraduría General de la República detalles del acuerdo económico entre esa institución y Odebrecht, anunciado la pasada semana.
Al depositar un documento ante el organismo donde hacen la petición de manera formal, indicaron que ese convenio debe ser público porque es de interés para la ciudadanía, “más ahora, donde se reclama justicia y transparencia”.
Manifestaron que usarán esa información para completar los trabajos que realizan, en aras de erradicar “la corrupción y la impunidad que reina en el país”.
“Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 200-04, la información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles, con posibilidad de prórroga en caso excepcional”, refiere el texto, firmado por Carlos Pimentel y Bartolomé Pujals.