POR DIEGO PESQUEIRA
El fiscal solicitó anoche al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio a los ex funcionarios, empresarios y dirigentes de sindicatos de choferes para que respondan a la acusación de estafa de RD$1,080 millones contra el Estado a través del Plan Renove, cuyo caso fue aplazado para la mañana de hoy.

Además, los procuradores adjuntos Otoniel Bonilla, Francisco García, Ernesto Mena y John Garrido, pidieron al magistrado Alfredo Ríos Fabián, colocar impedimento de salida del país al israelí Sam Goodson, quien vendió los vehículos al Estado, así como que deposite una garantía de RD$50 millones, como medidas de coerción.

Otro pedimento de la fiscalía es que se incluya a Goodson junto a los demás implicados en el juicio de fondo.

Alegaron que Goodson es un ciudadano extranjero, originalmente judío y nacionalizado estadounidense, y que además tiene «expedientes pendientes en Israel y aquí».

RECUSAN

Mientras que los abogado del también implicado Pedro Franco Badía, doctores Carlos Balcácer y Francisco Taveras, recusaron al juez Ríos Fabián, por considerarlo parcial en el conocimiento del expediente del Plan Renove.

Manifestaron que Ríos Fabián debe remitir sus conclusiones ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si procede o no admitir la recusación, según el artículo 5 del Código Procesal Penal.

El magistrado acogió el pedido de los abogados de Franco Badía y decidió sobreseer del expediente y seguir conocimiento el caso con relación a los demás implicados.

De inmediato, Balcácer, advirtió que recurriría la decisión porque el juez debió sobreseer el expediente completo y no continuar conociendo el juicio.

La recusación se produce momento después que el juez fue notificado de una sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, que revoca la resolución donde el juez en su condición de coordinador interino del juzgado de instrucción, rechazó la suspensión condicional de procedimiento.

CUESTIONAN

Mientras que Félix Damián Olivares y Gustavo Biaggi Pumarol, defensores de Goodson cuestionaron la solicitud de mediadas coercitivas contra su cliente.

Alegaron que este pedimento debió realizarse ante el juez coordinador.

En tanto que el abogado Alberto Tavares, defensor de Fabio Ruiz, pidió al juez que se defina la situación del sindicalista Juan Hubieres, debido a que fue citado en calidad de testigo, no obstante ser considerado por la Cámara de Cuentas entre las personas que habrían cometido irregularidades.

El juez alegó que el pedimento debía ser formulado al momento de interrogar a Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).

La defensora del dirigente de los choferes Antonio Pérez, la abogada Ingrid Hidalgo, pidió al juez la anulación del proceso por entender que fue el Código Procesal Penal y el artículo ocho de la Constitución de la República, ya que en la instancia de solicitud de apertura a juicio se excluyeron las acusaciones que se le hicieron, lo que le impedía preparar la defensa.

JUEZ ADVIERTE

En tanto, el juez Ríos Fabián advirtió que no delegará su responsabilidad de administrar justicia en el caso y dispuso un receso para hoy.

Dijo que el país esta atento al proceso y «mi responsabilidad no la delegaré en nadie», luego que uno de los abogados le alegó que lo habían recusado.

En un receso que se dispuso alrededor de las 2:30 de la tarde un grupo de seguidores de Hubieres trató de agredir a Pedro Franco Badía, ex presidente del Plan Renover, cuando el ex funcionario subía a su vehículo.

Desde temprano en la mañana decenas de miembros de la FENATRANO se reunieron en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para apoyar a Hubieres.

Un gran número de agentes policiales fueron enviados a los alrededores del edificio de los tribunales.