La Asociación Dominicana de Consumidores (ADC) pidió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo revisar los reglamentos  propuestos a la Ley de Defensa del Consumidor, aprobados por el Consejo Ejecutivo de Proconsumidor, ya que entran en contradicción con la propia legislación, por lo que no deben ser promulgados.

También solicitaron a la Cámara de Cuentas auditar cuanto antes al Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor    porque alegadamente allí se “está organizando rápidamente la contabilidad de manera fraudulenta ante que  lleguen los auditores”.

En una comunicación al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fechada el 13 de marzo, la ADC sostiene que en la elaboración de los reglamentos  no se tomó en cuenta que el consumo es un problema de carácter social que puede “explotar en cualquier momento”.

 Alega que para aprobar  los complementos de la ley no se tomó en cuenta a las organizaciones de consumidores del país y además que conceden muchas atribuciones a la directora ejecutiva del Instituto de Protección a los Derechos del  Consumidor, en perjuicio del consejo directivo, que según la ley es el organismo máximo.

  Sostiene además que los reglamentos en vez de proteger los derechos del consumidor, tienen varios artículos que los vulneran.

Indica además que no se establece ninguna función al presidente del consejo directivo, que es el secretario de Industria y Comercio, que según el artículo nueve de la ley 358-05 es quien lo preside.

Las claves

1.  Los gastos

El Instituto de Consumidor, que ha incumplido la Ley de Información al no ofrecerle datos a  la ADC, tiene un presupuesto de más de 80 millones de pesos al año que incluya gastos superfluos como 800,000 pesos en bebidas y comidas, entre otros.