Al tenor del artículo 5 de la ley 82-79 que consagra el carácter público del inventario de bienes, jurado y legalizado, que están obligados presentar funcionarios entrantes y salientes a 30 días de tomar posesión o cesar funciones; le solicitamos publicar los del Presidente Fernández conforme la  declaración que debió presentar a más tardar el 17 de septiembre pasado.

Reconociendo que no es usual formular públicamente esta solicitud; circunstancias presentes justifican, legitiman y hacen pertinente este procedimiento concebido como extensión del estrictamente establecido en la ley: carta particularizada de terceros.

Al momento de  entrar en vigencia dicha ley, hace 33 años, las circunstancias sociales, institucionales y tecnológicas eran diferentes a las hoy imperantes. En aquellos tiempos lo mediático no tenía el predominio presente, la comunicación electrónica era inexistente y el deterioro social y económico originado en una inescrupulosa administración fiscal nunca había alcanzado la desbocada dimensión ahora adquirida. En la propia gestión del Presidente Fernández encontramos razones que avalan el valerse del procedimiento público en lugar del particularizado: Recurrió a lo mediático no solo para difundir  realidades sino para manejarla y condicionarla, intentó implementar el gobierno electrónico hoy imponiéndose mundialmente y elevó a rango constitucional la obligación de declarar y “probar el origen de sus bienes…después de haber finalizado sus funciones”  mediante la reforma constitucional que prohijara. (Art. 146.3). 

No ignora Usted que por la situación fiscal aludida, sus causantes y consecuencias, la nación se encuentra en estado de ebullición expresado mediante protestas, que medios de comunicación  contabilizan promediando 6 diarias, las cuales han sido acicateadas por la presunción de enriquecimiento del pasado mandatario y sus repercusiones en el déficit fiscal que el presente  gobierno intenta que paguemos todos los ciudadanos con la reforma tributaria que acaba de imponernos.

Nadie puede predecir hasta dónde puede llegar  esta ola de protestas, por lo que al detenerla se brinda un gran servicio a la preservación de la paz y orden públicos, a la sostenibilidad democrática y hasta la soberanía política de la nación; sobre lo cual ya se han referido importantes personeros del oficialismo al denunciar propósitos inconfesables detrás de dichas protestas.

La forma más lógica y expedita de detener dichas protestas es satisfaciendo sus reclamos, convincente y contundentemente, mediante correctivos justos y apropiados; partiendo del transparentar las causas del enorme déficit que nos agobia  a cuyos fines la publicación de la declaración de bienes del exmandatario constituye una pieza fundamental para determinar la veracidad o no de las presunciones asumidas.

En espera de su respuesta por esta vía en cumplimiento de nuestras enormes  responsabilidades nacionales.