En carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, expresó su “profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales.”

En la misiva afirma que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el poder judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana.” Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes», destacó PC.

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Agregó que “Sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad; después de los enormes esfuerzos realizados por el ministerio público en la elaboración de expedientes que muestran claros indicios de que  entramados de corrupción actuaron desde el Estado para cometer enormes delitos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, fraudes, falsificación, entre otras acusaciones, éstos quedaran en la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos, tal como ha ocurrido recientemente con el caso de los Tucano.”

En su carta al Dr. Henry Molina, el movimiento indicó que “en los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del ministerio público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un “plazo razonable.”

Participación Ciudadana dice sentirse alarmada “ante una clara tendencia a que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) se convierta en un instrumento de impunidad, debido a factores que pueden ser controlables, asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados.”