Solidaridad: pura basura

Solidaridad: pura basura

JOSÉ LOIS MALKUN
El Programa llamado «Solidaridad» que impulsa el Gobierno, como otros similares de pasadas administraciones, deberían ser prohibidos por la Constitución. Usar los recursos públicos en este tipo de programa, que solo fomenta el populismo, la vagancia, la corrupción, el chantaje y la dependencia política, es atentar contra la transparencia y el buen Gobierno. 

 El PEME, bendecido en la administración anterior del PLD como la panacea para combatir la pobreza, se constituyó en una de las fuentes corruptivas más espectaculares que Gobierno alguna haya tenido, y que solo fue posible descubrir cuando el PRD asumió el poder en el año 2000. El PRD también manejó sus programas de asistencia a los pobres, con el sello inconfundible del populismo y la politiquería aunque, por los antecedentes del PEME, se cuidó de no cometer las mismas estupideces.

Recordar al doctor Joaquín Balaguer en esta materia solo trae tristeza y rabia, porque lo que se robó en esos largos años en nombre de los pobres no tiene precedentes.

En este período, el Gobierno ya no usa la palabra PEME, desprestigiada por sus antecedentes y por un juicio que ya lleva siete años sin encontrar culpables. Ahora se llama «Solidaridad». Pero en el fondo se trata de lo mismo y desde donde se comenten las mismas atrocidades en nombre de los pobres.

El problema existe porque los gobiernos, en vez de utilizar las organizaciones no gubernamentales, que se dedican de verdad y con seriedad a darle atención a los más necesitados, prefieren ellos mismos crear sus «programas» para manejar directamente los recursos. Haciéndolo así, el Gobierno garantiza que la ayuda a los pobres les llegue solo a los de su partido, que los demás se jodan y que un pequeño grupo de pendejos se haga millonario.

Mientras tanto, tenemos que soportar con estoicismo los disparates de muchos altos funcionarios de esta administración, cuando hablan de las bondades de sus programas de asistencia a los pobres y maldicen los de las administraciones pasadas. Es como oír a la Madre Teresa de Calcuta condenando al demonio, cuando la verdad es que estos funcionarios son el mismo demonio. Se enriquecen a expensas de la pobreza, mientras santiguan las bondades de sus programas para combatirla.

Recuerdo un famoso estudio que realizó una reconocida institución multilateral en Centroamérica, analizando los programas de ayuda a los pobres. Los sorprendentes resultados de estas investigaciones impactaron a mucha gente incluyendo a los propios gobiernos, que fueron obligados a revisar sus programas de asistencia social a finales de los 90. En dicho estudio se determinó que de cada peso invertido en ayuda a los pobres, 70 centavos se gastaban en la oficina principal que administraba el Programa, ubicada generalmente en la capital del país. Otros 21 centavos se gastaban en las oficinas locales o municipales que también eran parte de la administración. Y a los pobres solo le llegaban nueve centavos de cada peso.

¿Sabe usted cuánto les cuesta a los contribuyentes dominicanos financiar más de 20 instituciones públicas, con decenas de miles de empleados, que se autoproclaman líderes de la lucha contra la pobreza, pero que no hacen absolutamente nada por los pobres? ¿Se imagina usted lo que se esconde detrás de esos cupones de alimentos y de las repartideras gubernamentales en camiones, jeepetas, o través de los bolsillos de funcionarios ensacados, que con sutileza, extraen sus bochornosos fajos de billetes?

Imagínese el PEME. ¿Cáanto se repartieron y cuánto se robaron? Imagínese lo que está pasando ahora con la mal llamada Solidaridad. ¿Creen ustedes que eso es justo? ¿Se debe permitir que los gobiernos sigan usando los recursos de los contribuyentes para promover más pobreza en la base de la pirámide y más riqueza en su vértice?

Eso son los temas que los candidatos deben discutir en un debate. Presentarle al país nuevas ofertas para combatir la pobreza, utilizando medios diferentes y extirpando del Gobierno esa estructura costosa, parasitaria y corrupta, que en nombre de los pobres se chupa 95 centavos de cada peso que se invierte. La sociedad civil tiene mucho que hacer en esta materia.

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