Sandy, el huracán que sin golpear directamente arrolló el territorio nacional obligando a miles de familias a dejar sus casas inundadas, provocó además el aislamiento de unas 200 comunidades y daños a redes eléctricas y a la agricultura. La intensidad del fenómeno dejó además en malas condiciones a muchas escuelas en cuya reparación deberán invertirse 500 millones de pesos. Ahora existe la obligación de mitigar las consecuencias. Sin demoras debe emprenderse la rehabilitación de vías y planteles, tarea que las autoridades podrían acometer mejor si reciben una efectiva colaboración de constructores privados. Se trata de un Gobierno indefectiblemente abrumado por el descomunal déficit fiscal heredado.
El país vería con buenos ojos que la presente administración se apoye en alguna medida en la vieja y fructífera relación establecida por sus antecesores en el mando con contratistas de buenos capitales y abundantes recursos. Sector que participó del auge impresionante del uso de varilla y cemento que, al compás del interés electoral, caracterizó la última etapa del cuatrienio pasado. Las firmas constructoras favorecidas por el gasto excesivo deberían echarle una mano al país que los ha utilizado, y que seguramente los seguirá utilizando, haciéndose cargo, a un ínfimo costo o desinteresadamente, de una parte de las más urgentes reparaciones de escuelas, pequeños puentes, badenes y caminos.
El freno ausente en vías públicas
Casi a diario se publican noticias sobre accidentes de tránsito con alto número de víctimas. Poco sorprende que se diga que cuatro, ocho o dieciséis personas perdieron la vida un mismo día por esa causa en el país. País de la más alta peligrosidad vial. Con índices trágicos en el transporte que superan los de otras naciones de más desarrollo y mayor número de vehículos circulando. Ningún dominicano puede negar que percibe su discurrir por las vías como sumamente peligroso; por diversas causas… pero sobre todo por el incumplimiento generalizado de las leyes de tránsito. La imprudencia de los conductores aparece por doquier. Lo que brilla por su ausencia es la sanción condigna. Violentar las reglas de protección al ciudadano que transita no lleva a contundentes consecuencias para el infractor. No existe efectiva sanción disuasoria. Pocos reciben los castigos que correspondan a la gravedad de los accidentes causados.