La ocupación  de un templo católico en Dajabón por haitianos indocumentados que exigían autorización para que se les permita permanecer en el país, es una muestra de que debemos ponerle más atención al problema de la inmigración ilegal y ejercer con todo el rigor necesario nuestra soberanía en todos los casos que lo requieran. La solidaridad del pueblo dominicano para con el haitiano no puede llegar al extremo de renunciar a lo que disponen nuestras leyes en materia de migración. La presencia de indocumentados, haitianos y de otras nacionalidades, se está convirtiendo en un grave problema social.

Por razones de territorialidad, la presencia de indocumentados haitianos es la más numerosa, pero no la única. Un aspecto del problema es que es muy alto el número de haitianos sin ocupación que se dedican a mendigar o se involucran en actividades no santas. Hay que hacer una gran labor de detección de indocumentados, y en particular de gente buscada por la ley en sus países de origen. En virtud de la apatía del Gobierno haitiano ante la necesidad de procurar una solución común a este problema, el Gobierno dominicano ha debido esforzarse más en hacer cumplir nuestras leyes sobre migración y contratación de mano de obra extranjera. La mano de obra haitiana ya tiene un peso específico importante en la economía local y es necesario reglamentar su contratación.

Del entusiasmo al abandono

El 22 de mayo del 2007, el entonces subsecretario de Educación Víctor Hugo Deláncer anunció que antes de diciembre del mismo año estaría terminado el edificio del Community College que se construye en el barrio La Colonial, de San Luis. Sin embargo, hasta el día de hoy lo que existe en el lugar es una construcción descontinuada, deteriorada por el abandono y sin indicios de que se vaya a reanudar la obra.

Se trata de una ocurrencia común en el proceder de nuestros gobiernos. El lunes último este periódico informó con nota principal en  primera plana sobre la paralización de treinta obras tan solo en Barahona, y es factible suponer que en otras partes del país habría más construcciones del Estado a medio talle. Esto provoca que obras cubicadas en un valor a su inicio, terminan costando hasta diez veces más después de una paralización prolongada. Es pecaminoso que en esta materia se salte del entusiasmo al abandono como si nada costara.