Hoy 
POR TANIA HIDALGO
De 77 expedientes sometidos a la justicia durante el 2007 en los que figuran agentes policiales acusados de homicidios, golpes y heridas, robo y amenazas, sólo 10 fueron condenados por los tribunales del Distrito Nacional.
De acuerdo a estadísticas suministradas por la fiscalía del Distrito Nacional, otros 44 expedientes fueron archivados aplicando la solución alternativa que establece el Código Procesal Penal, mientras que 23 se encuentran en audiencia preliminar o juicio de fondo.
Las penas impuestas en los 10 casos condenados fueron de 2 a 20 años de prisión.
Entre los agentes condenados figuran el sargento Confesor Rijo de los Santos, el raso Elías Daneuris Nova de Jesús, el oficial Digno Ramírez Bocio, el raso Miguel Angel de la Paz, el primer teniente retirado Albertico Santana Ledesma, el agente Omar Rondón Vásquez y el raso Ramón Morales Caro.
Sin embargo, el fiscal adjunto Dante Castillo, enlace entre Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía del Distrito Nacional, aseguró que el Ministerio Público da seguimiento a los casos de los policías, a fin de lograr el mayor número de sentencias condenatorias, siempre y cuando se obtengan los elementos probatorios para sustentar la acusación.
Si se demuestra que hubo exceso, luego de la investigación del ministerio público, los agentes responsables son sometidos a la justicia, sin importar el puesto o rango que ostenten, puntualizó.
Denuncias
El fiscal adjunto señaló que a diario, la fiscalía recibe de manera directa y de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía denuncias que presentan ciudadanos contra agentes policiales por abuso de poder, amenazas, sobornos, chantajes, maltratos físicos, golpes y heridas de bala, homicidios y amenazas.
Explicó que estas denuncias son investigadas y, cuando procede, se solicita orden de arresto contra el policía y posteriormente medidas de coerción.
Precisó que cuando son situaciones simples se procede por la vía de solución alternativa de conflictos.
Castillo aclaró que cuando un miembro de la Policía es pasado al fiscal bajo la imputación de haber cometido un ilícito penal, goza de los mismos derechos y garantías aplicable a un ciudadano común, pese a que la puesta en movimiento de la acción pública produce la suspensión automática de sus funciones, hasta tanto el ministerio público dictamine.
