En 2015 solo un 20.7% de todos los gobiernos municipales del país reportaron las informaciones completas y a tiempo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por lo que la presidenta de la Cámara de Cuentas (CC), Licelott Marte de Barrios, dijo que se hace necesaria una revisión del marco jurídico de las municipalidades, a fin de incluir un régimen de consecuencias “por la no rendición de informaciones”, entre otras iniciativas.
Al presentar el resultado del informe, el economista sénior del PNUD Sócrates Barinas dijo que se han registrado mejoras en la gestión de las alcaldías, aunque quedan desafíos y retos que enfrentar para hacer más eficiente y transparente el manejo de los recursos públicos en las municipalidades.
El documento revela que existe un porcentaje importante de ayuntamientos que no cumplen con los criterios de distribución del gasto, ni tampoco generan el 10 por ciento de sus ingresos vía captaciones directas como lo establece la Ley 176-07, por lo que se hace indispensable revisar el marco jurídico vigente.

En cuanto al gasto por servicios personales, el estudio concluye, según las informaciones analizadas, que los ayuntamientos ejecutaron un 39 por ciento y las juntas de distritos municipales un 58%, porcentajes que exceden el 25% destinado por la ley para este tipo de servicios.
Indica, además, que un 65% de los distritos municipales cumplió con el tope de 31% de los gastos destinados a servicios municipales, más del 76% con al menos 4% a programas de educación género y salud.
Además, el 53.6% de los municipios y el 25% de los distritos municipales realizan el Presupuesto Participativo.
Otro indicador que mide el estudio es con relación a las capacidades de las autoridades, el que arrojó que un 54 por ciento entiende que están preparados.
Mientras que al evaluar la calidad de los servicios municipales, un 43% lo considera adecuada o buena.

El estudio también reporta que existe una baja participación de las mujeres en los puestos electivos (29.4% frente a un 70.6% en el caso de los hombres), a pesar de que tienen nivel educativo más alto.
Conclusiones. El estudio del PNUD señala que para mejorar la gestión municipal se requiere avanzar en: contar con información de diferentes fuentes y con toda la información relevante de la gestión municipal, nóminas, personal, entre otros, integrando también plataformas existentes que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.
También reforzar y estimular los mecanismos que permitan el cumplimiento de la Ley 176-07 y 10-04: dado que se hace necesario propiciar mayores niveles de cumplimiento.
Por otro lado, la consolidación y unificación de los datos y periodicidad de la entrega de información presupuestaria y generar un repositorio único de información.
Además, difundir y promover las buenas prácticas de algunos GL que puedan apoyar a otros a mejorar.
Asimismo, continuar el desarrollo de mecanismos de incentivo y reconocimiento y desde la Cámara de Cuenta se sugiere continuar con la sistematización del seguimiento a través de un sistema de monitoreo (tablero de control on line, abierto, público y enlazado con el resto de entes) con las informaciones que se reciben cada año, que sirva de insumo para las auditorías y sus labores de fiscalización.
Posición CC. Después de analizar el informe, la presidenta de la Cámara de Cuentas dijo que se hace necesario hacer una exhaustiva revisión del marco jurídico de las municipalidades a fin de incluir un régimen de consecuencias “por la no rendición de informaciones, incluyendo datos sobre el endeudamiento, en tiempo y con la calidad requerida a los órganos rectores de la administración financiera y a los órganos de control interno y externo”.

Igualmente planteó que se hace prioritario establecer mecanismos para mejorar el control interno municipal que contribuya al logro de objetivos, cumplimientos de marcos jurídicos y rendición de cuentas.

Planteó que en lo referente a los porcentajes de distribución del destino del gasto en los ayuntamientos, como dispone el artículo 21 de la ley vigente, “se debe modificar atendiendo las competencias y necesidades propias de los gobiernos municipales, priorizando gastos en infraestructura y recolección de desechos sólidos”.

Marte de Barrios dijo que se hace necesario fortalecer las capacidades institucionales de los órganos rectores del sistema de control, que permitan evaluar y mejorar la calidad y costo de los servicios municipales.

Destacó, asimismo, la importancia de mejorar la veeduría ciudadana, no solo para la formulación del presupuesto participativo, sino también para la ejecución y evaluación del gasto y la calidad de los servicios.