APOR ODALIS MEJIA
Apenas cuatro de 105 entidades e instituciones estatales han instalado Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAI) y sólo 25 han designado a responsables de garantizar el flujo informativo (RAI), lo cual se ha hecho como una formalidad pura y simple, nombrando funcionarios que no cuentan con estructuras y  medios necesarios para realizar su labor.

Así se establece en la evaluación de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (200-04), realizada por Participación Ciudadana (PC), a un año de haber sido promulgado el reglamento para la aplicación de esa legislación.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que sólo la Suprema Corte de Justicia, el Senado, la Secretaría de Obras Públicas y la Procuraduría General cuentan con una OAI.

Además, se estableció que a excepción de la Procuraduría, los funcionarios  para esas tareas no fueron escogidos por concurso público y transparente, como establece la ley,  «Lo que es más grave, estos responsables de acceso a la información carecen de las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de sus funciones y atribuciones», expresó. El informe fue dado a conocer en un seminario para definir estrategias para la implementación de la Ley 200-04, auspiciado por PC, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Banco Mundial.

Cabreja detalló que de las 105 entidades e instituciones monitoreadas, 75 poseen páginas web, de las cuales 12 se encontraban fuera de servicio. De las 63 que estaban en línea, 58 contenían un máximo de tres informaciones de oficio, y tres mantenían unas seis.

Al respecto, señaló que estás páginas de internet deben ser adecuadas para que puedan garantizar niveles de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y que hasta el momento estas sólo han prestado atención al diseño y las informaciones noticiosas, sin tener como garantía la presentación de información confiable y veraz.

Mientras que Servio Tulio Castaño Guzmán denunció que la mayoría de las informaciones en las páginas electrónicas de las instituciones no son oportunas y sólo se publican las que les interesan a los funcionarios que el público se entere.

Destacó que aunque la página web son una necesidad hoy en día, sería mejor si estas se constituyeran en un verdadero instrumento informativo.

Dijo que la Ley 200-04 contiene debilidades como es la exigencia al solicitante de información, de un motivo para la obtención de la misma.Cabreja también criticó la falta de sanciones de la legislación para que los funcionarios que no cumplan con su aplicación.

Uno de los ejemplos es la Secretaría de Educación que eliminó algunas informaciones de su página web como son las referentes a contrataciones de personal y compra de servicios, así como de su nómina.

Apuntó que el reto de implementar la Ley 200-04 se encuentra en la necesidad de impulsar una nueva cultura de transparencia en el quehacer cotidiano, venciendo la inercia y la resistencia existente en el sector público, así como la cultura del secreto y del ocultamiento.

 Resaltó que uno de los fallos de la esa ley es la ausencia de un órgano rector encargado de dirigir, dar seguimiento y orientar el proceso de puesta en marcha de este nuevo instrumento legal.

También sugirió que es necesario monitorear e instruir a todas las dependencias del poder Ejecutivo, que en el menor plazo posible tengan designado un responsable de acceso a la información (RAI) y que se encaminen a la instalación de la OAI.

El seminario taller sobre estrategias para implementación de la Ley 200-04 culmina el día de hoy y entre sus objetivos están informar a las entidades públicas y a las organizaciones de la sociedad civil sobre el contenido de ese instrumento legal, la forma como acceder  a la información y los mecanismos a los cuales puede requerirse en el caso que se le deniegue los datos requeridos.

El taller cuenta con la participación de expositores nacionales y extranjeros, así como funcionarios públicos de representantes de la sociedad civil.