En el país solo se han producido 58 sentencias condenatorias por trata de personas en el período 2003-2018, pese a los esfuerzos del Ministerio Público y la cooperación de agencias internacionales.
Aunque en el 2003 ya se había aprobado una legislación para sancionar este tipo de delitos, la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, desde ese año hasta el 2012 los tribunales, solo emitieron cuatro condenas.
Este panorama cambió favorablemente en 2013 con la creación de la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), una dependencia del MP que hasta el 2018 ha logrado 54 fallos condenatorios.
“Podríamos decir que tal vez son pocas las sentencias en comparación con otros ilícitos, pero tenemos que tomar en cuenta la complejidad de las investigaciones de los casos de trata de personas, donde hay desconocimiento no solo en las autoridades que se dedican a su persecución, sino también en las víctimas y en el resto de la población”, sopesó Belkis Ulloa, fiscal adscrita a la PETT.
Por tales motivos, explicó, este órgano del sistema de justicia decidió implementar estrategias de persecución que no dependan de las denuncias de las víctimas, como interceptaciones telefónicas, rastreos en línea y agentes encubiertos, puesto que los perjudicados por estos delitos muchas veces optan por guardar silencio.
Algo normal Además de la dificultad para obtener la colaboración de las víctimas, la procuradora citó la normalización de la problemática como una de las principales causas que la hacen permanecer impune ante ojos indiferentes.
“En muchas partes del país el fenómeno de la trata de personas está invisibilizado. Muchas personas, sobre todo en la parte fronteriza, asumen como comportamientos normales que menores de edad e inmigrantes en situación de irregularidad puedan tener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero”, refirió la fiscal.
Los casos de tráfico ilícito de migrantes, añadió, tienen la particularidad de que en diversas ocasiones las autoridades deben superar la barrera idiomática que suponen víctimas que hablan lenguas infrecuentes en el sistema judicial.
A escala internacional. Este tráfico de humanos con frecuencia se manifiesta en redes que sobrepasan las fronteras nacionales, cuyo combate requiere de cooperación internacional, indicó Ulloa durante el conversatorio “Persecución del delito de Trata de Personas”, que auspicia Misión Internacional de Justicia (IJM).
No obstante, señaló, en muchos casos el Ministerio Público debe prescindir de la colaboración internacional, puesto que los trámites y procesos burocráticos que deben superar se extienden más de los plazos de que disponen los fiscales para realizar sus pesquisas.