Hoy 
El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP- ratificó su posición respecto ala modificación de la Ley 125-1 de Electricidad, indicando que solo deben ser modificados los artículos relativos a la criminalización del hurto de energía, a la vez que se incluyen sanciones a los agentes del sector-
El Lic. Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP, aseveró que el empresariado, al igual que la población dominicana, padece muy directamente la crisis de energía eléctrica en razón de lo cual consideraba que no debía realizarse una modificación apresurada al marco legal sin un debate.
En esa dirección, precisó que venía abogando por una discusión amplia, concertada y participativa entre los sectores productivos, organismos internacionales y poder político, dentro del contexto general de nuestra economía, tomando en cuenta la inserción de la República Dominicana en los mercados internacionales y el gran escollo que significa nuestra cara e ineficiente oferta energética en la competitividad de nuestras empresas.
Sin embargo, y no obstante recibir la promesa de una convocatoria para exponer nuestros argumentos en el Congreso, los sectores productivos son sorprendidos con una modificación a la legislación, más allá de los solicitado por el Fondo Monetario Internacional, sin haber sido consensuado y evaluado el efecto negativo que esto representa para los sectores productivos de la nación, expresó Macarrulla.
Conforme al dirigente empresarial, en gran medida el atraso en la modificación de la Ley tuvo su razón de ser en la intención de querer aprovechar la coyuntura del FMI para introducir un gran cambio que fuera más allá de lo que pretendía el organismo internacional, lo cual implicaba a todas luces un retroceso.
Se trata a juicio del presidente del CONEP, de pretender volver a la derogada ley 4115 orgánica de la CDE, insertando en la Ley General de Electricidad la mayor parte de su
El Lic. Lisandro Macarrulla, puso de relieve que el empresariado tiene propuestas de acciones puntuales que si impactarían positivamente en la crisis tales como fortalecer las instituciones del Sector Eléctrico, para que estas cumplan y velen por la fiel observancia de las disposiciones de la Ley General de Electricidad; logrando así despolitizar el Sector y alcanzar la independencia del ente regulador del Sistema Eléctrico.
