POR GERMAN MARTE
Apenas cuatro de las miles de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que quedan bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública han cumplido con instalar las oficinas correspondientes y el nombramiento de los funcionarios responsables de brindar este servicio vital para frenar la corrupción y el resto de las dependencias la ignora.
Al ofrecer la información, Carlos Pimentel, encargado del Programa de Transparencia de la Gestión Pública, de Participación Ciudadana (PC), precisó que las únicas instituciones que hasta ahora han cumplido con esa ley 200-04 son la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la Suprema Corte de Justicia y en menor medida el Senado de la República.
Dijo que otras instituciones públicas han nombrado a los encargados de ofrecer informaciones, pero que no han habilitado oficinas para que se instalen, con lo cual impiden en la práctica- que realicen sus funciones.
Manifestó que también, en muchos casos, las personas designadas no cumplen con el perfil mínimo para desempeñar sus funciones como está establecido en la Ley. La referida ley se aprobó en julio del 2004, mientras que su reglamento operativo entró en vigencia a partir de febrero del 2005, luego del decreto 130-05.
El ámbito de aplicación de la ley es bastante amplio, pues abarca las instituciones centralizadas del Estado, las descentralizadas, las autónomas, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos del Estado.
O sea, que faltan miles de instituciones por cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, subrayó Pimentel durante la celebración de un taller para dar a conocer la ley a representantes de entidades sociales y no gubernamentales.
Sin embargo, dijo que esta realidad, lejos de desanimar a PC, le estimula a capacitar a los ciudadanos y a los servidores públicos y a darle seguimiento a la Ley, para que se cumpla, por lo que decidió hacer un observatorio y canalizar las sugerencias a través de la comisión de ética.
Señaló que el legislador no previó que se debía contar con un organismo que velara por el cumplimiento de la referida Ley.
Precisamente para dar a conocer la ley 200-04, PC realizó ayer una Jornada Nacional por el Derecho a la Información Pública, en la cual participaron 1,600 personas en 32 talleres simultáneos en distintos lugares del país.
Uno de los talleres se llevó a cabo en el salón Aries del hotel Lina, a donde acudieron delegados de organizaciones no gubernamentales y comunitarias del Distrito Nacional.
Otros lugares donde se desarrollaron talleres similares fueron Bonao, Montecristi, Monte Plata, Peravia, Pedernales, Puerto Plata, Salcedo, Sánchez Ramírez y Valverde.
Pimentel dijo que el objetivo de esta actividad es que la población pueda conocer su derecho a solicitar, recibir y acceder a información pública, así como conocer los procedimientos establecidos en la citada ley.
Agregó que el interés es que la ciudadanía pueda jugar un rol más activo en el monitoreo y la vigilancia de la gestión pública, estableciendo una nueva forma de relación Estado-sociedad.
Pimentel subrayó que esto podría servir, además, para potenciar formas técnicas de prevención de la corrupción. Destacó que la citada ley debe servir para romper la cultura del secreto y generar transparencia.