El 80% de las obras privadas que se construyen en la República Dominicana son ilegales. Esta alarmante afirmación emana del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Al participar ayer en el almuerzo semanal que ofrece el Grupo de Medios Corripio, Juan Antonio Villar González, presidente del CODIA reveló que estas construcciones del sector privado carecen de un ingeniero colegiado, no tienen planos, ni tampoco un estudio geotécnico, además, de que no cuentan con la aprobación de los ayuntamientos, ni tienen la aprobación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Villar González detalló que estas construcciones las realizan personas que apenas poseen el nivel de maestros constructores, carpinteros y personas graduadas de profesiones muy ajenas a la construcción.

“Hemos descubierto médicos y licenciados en economía construyendo. Personas que no tienen que ver con la ingeniería y que no pueden garantizar nada, edificando obras en la República Dominicana”, reveló Villar González, quien se hizo acompañar de la junta directiva integrada por Alejandro García García, Surelis Calderón Boyer, Yrene López San Pablo y Carlos Mendoza.

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El Seguimiento

La Ley 62-00 faculta al CODIA hacer cumplir la ley en el tema de las construcciones privadas y cuando no cumplen con requisitos establecidos, tienen la potestad de pedir al Ministerio Público hacer cumplir la ley suspendiendo cualquier proyecto privado, en caso de violación a la norma.

¿Son seguras las obras?

Sobre qué tan seguras están las obras en la actualidad, a propósito del colapso en la Avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, los miembros del CODIA destacan que en el país es difícil que esto se vuelva a repetir en lo que son túneles, elevados, puentes y pasos a desnivel, porque el CODIA y la Comisión conformada por el Poder Ejecutivo iniciarán “una buena inspección de las obras”, donde el CODIA será responsable de hacer los estudio y la verificación de la situación en la se encuentran todas las infraestructuras a nivel nacional hechas en los últimos 25 años, que según el ingeniero Villar González son más de 3,500 obras.

Al hablar sobre la vida útil de muros, como el del mencionado paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, esto se determinará de acuerdo a los factores que tenga patológicamente de deterioro y la rehabilitación por mantenimiento, en todos los países, se hace cada 25 a 30 años, pero las inspecciones de las obras es cada 10 o 15 años que se deben realizar.

“Ninguna constructora puede garantizar un proyecto, después de ese tiempo”, aseguró.

La intervención del CODIA

El CODIA está obligado a actuar, con el simple reporte de una persona, que entienda que algo que puede hacerle daño a la seguridad ciudadana. Como ente asesor del Estado Dominicano, establecido en la Ley 61-00, hacen el proceso de diagnóstico y recomendaciones. En la gestión de Juan Antonio Villar González, que inició el pasado 14 de agosto a la fecha ya el equipo técnicos ha realizado 4 informes.

Las fallas de los ingenieros

El gran problema de la República Dominicana, según el CODIA es, que cuando hacen un contrato de construcción de una obra (por ejemplo, un hospital) a veces no incluyen el estudio geotécnico, la excavación, las expropiaciones, o no incluyen la impermeabilización del techo. Todo esto debe basarse en el contrato de licitación que tiene el contratista para ejecutar una obra.

Pero según afirma los expertos del CODIA, a partir de ahora, eso será cosa del pasado, pues se han habilitado lo que serán los “supervisores de obras”, pertenecientes a firmas privadas para verificar las construcciones de obras.

Sanciones a miembros

El colegio tiene un tribunal disciplinario que eventualmente conoce cada año entre 12 y 20 sometimientos de ingenieros. Para esto debe hacerse llegar la denuncia o el interés público.

“Ahora con estas lluvias han llegado 10 solicitudes y reportes de diferentes sitios a los cuales estamos reuniendo”, dijo.

El ingeniero Juan Antonio Villar reveló que todos los años el CODIA recibe no menos de 50 solicitudes de desconocimientos por parte sus miembros a diferentes actividades, como son el no cumplir con los contratos y los reglamentos que corresponden o que no se percataron de hacer los estudios que llevan las obras en su momento, tanto pública como privadas, lo cual es preocupante para la institución.