¿Sólo el caso Quirino?

¿Sólo el caso Quirino?

LEILA ROLDÁN
Se reproduce como eco: «el caso Quirino es el caso que va a poner a prueba la administración de justicia de la República Dominicana». Lo escriben los periódicos, lo afirman los comentaristas, lo corean como autómatas los borregos. Pero, ¿es que en casi ocho años con la «nueva justicia», (de la que, por cierto, ya no se puede decir ni que es nueva ni que es justicia) ningún caso había tenido la importancia que ameritara constituirse en indicio de probidad o de eficiencia?

Es decir, que según esa afirmación, ninguna significación han tenido las 175 acciones en inconstitucionalidad que tiene pendientes de fallo la Suprema Corte de Justicia, según reportaje elaborado por el Listín Diario y publicado en fecha 3 de noviembre de 2004. Entre ellos, para citar algunos, se encuentra el recurso suscrito por más de 10,000 ciudadanos contra la Ley Sectorial de Areas Protegidas, el recurso suscrito por el diputado Pelegrín Castillo y otras prestantes personalidades contra el Convenio suscrito por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con parte de los individuos e instituciones que acusaron al país por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la deportación de haitianos, y el recurso suscrito por el licenciado Hatuey Decamps contra la decisión de la Junta Central Electoral que posicionó al señor Sánchez Baret en la presidencia del PRD.

Siguiendo el mismo orden de ideas, para fines de evaluación tampoco tienen trascendencia los casos citados por El Nacional el 2 de enero del presente año, «casos que por diferentes razones se encuentran en la Suprema Corte de Justicia», ni los numerosos e importantes casos en materia de casación varados en ese alto tribunal, como aquel elevado contra una sentencia dada por un tribunal de primera instancia en materia de amparo, relativa a los alcances del jus soli y cientos de casos más. Así tampoco los casos recopilados por los distintos periódicos en los últimos años, casos que a pesar del tiempo transcurrido en los distintos tribunales, aún no gozan de sentencias definitivas con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

A manera de ejemplo, diarios como el HOY, El Caribe, Listín Diario y El Nacional citan, en los últimos cuatro años, los casos de fraude en la distribución de cupones para el subsidio al gas licuado de petróleo, de las «madrinas» del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), de las irregularidades detectadas en la OMSA y en la minera Rosario Dominicana, los casos de los taxis «pollitos» y las «garzas blancas», el caso de la empresa eléctrica canadiense Hydro-Québec, el del alijo de 953 kilos de cocaína atribuido a Rolando Florián Féliz, los casos de juez de paz de Miches implicado en el tráfico de 103 kilos de cocaína, del juez de Barahona que amenazó, pistola en mano, a un abogado en pleno tribunal y del juez de Santiago sometido por violencia intrafamiliar, los desfalcos de importantes entidades bancarias como Baninter, Bancrédito, Mercantil y Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, el del Programa Eventual Mínimo de Empleo (Peme), el del asesinato del periodista Orlando Martínez, el de la desaparición del profesor Narcizo González, los asesinatos del banquero Héctor Méndez y de Napoleón Reyes y los hermanos De La Cruz Gálvez, el asesinato del senador Darío Gómez (el cual a su vez ha producido dos muertes no resueltas; la de Carlos Everstz Fournier y la de «Carlos Collares»), el caso del diputado Radhamés Ramos García, el de la presentadora de Televisión Laura Hernández, el del asesinato del productor de televisión Jean Louis Jorge, el de la muerte del hijo del ex senador Augusto Féliz Matos, los casos de las compras irregulares en los Comedores Económicos, la estafa en la Dirección de Aduanas, la venta irregular de 409 vehículos del Estado por el Inespre, las acusaciones de fraude contra Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe), las irregularidades en la construcción de la Avenida Jacobo Majluta, el caso de la violación de los niños del albergue de San Rafael de Yuma, la acusación de violación sexual del ex sacerdote Domingo Espinal, los casos de apropiación y venta irregular de terrenos del Estado en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en la Administración General de Bienes Nacionales y en Instituto Agrario Dominicano (IAD) en Bahía de las Aguilas, Pedernales y Cabarete y los más recientes casos del Plan Renove y del uso indebido de los vehículos recuperados por la Policía Nacional.

Bajo las mismas premisas cabría asumir que tampoco es grave lo que denuncia un titular del Listín Diario del 28 de diciembre recién pasado, cuando señala que los grandes acusados de tráfico de drogas ya sustancias prohibidas aún no han sido condenados. El reportaje revela que grandes decomisos de drogas y propiedades y el arresto de más de 4,000 personas, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se han realizado en las últimos años, «pero la mayoría se mantiene en un limbo jurídico, mientras los inculpados se hallan libres bajo fianza».

Ni, bajo esa lógica, tampoco han implicado una señal de atención lo que otro medio de comunicación (El Caribe, en sus ediciones del 5 y el 9 de julio de 2004), reseña sobre la corrupción sin castigo judicial y decisiones favorecedoras en casos de corrupción. El Caribe cita decisiones de «no ha lugar» y descargos en casos relacionados en el fraude en Baninter, con ventas millonarias de terrenos del Estado en Bienes Nacionales, con la emisión irregular de visas en el consulado de Colombia, con la mafia en la Lotería Nacional, con el uso fraudulento de dineros en la construcción de la carretera San Juan-Vallejuelo, con la alteración de la Ley de Lavado en el Departamento de Comisiones del Senado, con la malversación de fondos de un candidato del PRI, con la «usurpadora» que falsificaba firmas y se presentaba como allegada del ex presidente Balaguer o de la primera dama Rosa Gómez de Mejía, y con los funcionarios de la Secretaría de Educación acusados de apropiación de cheques por 16 millones de pesos.

Y por supuesto, mencionamos sólo aquí los casos publicitados. Pero si nos adherimos a la profecía convenienciera de que el caso Quirino es el que pone a prueba la integridad de la justicia, discriminamos el perjuicio personal ocasionado a cada víctima en los 350,000 casos estancados en las distintas instancias penales del país, en proceso de ser extinguidas extraordinariamente según publicaciones del propio Poder Judicial, y discriminamos también los miles de abogados que los representan.

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