La caída de Manny Ramírez del altar de la devoción popular ha sido sin duda un golpe demoledor esta semana para el alma de los dominicanos. Otro más de los grandes héroes deportivos que se nos desploma en medio del escándalo internacional, privándonos de ese referente del éxito nacional que nos compensó en las últimas dos décadas.

El caso de Manny es más sorprendente por cuanto los escándalos anteriores de nuestros beisbolistas se referían al consumo de substancias prohibidas en los tiempos en que no estaban prohibidas o eran toleradas en ese deporte. Pero una estrella de la magnitud de Ramírez de ninguna forma podía darse el lujo de derrumbarse de la manera en que ha ocurrido, dejando tan mal ejemplo, demostrativo de que no sólo nos volamos las vallas en el país, vulnerando  todo tipo de ley y norma, sino que también creemos que podemos lograrlo en otros lugares y en pleno período de restauración de las regulaciones.

El mismo día que afrontábamos la caída de esta estrella, nos afligía una declaración del profesor José Joaquín Bidó Medina, uno de los políticos honorables que nos van quedando, quien se manifestaba asqueado ante tantas denuncias de corrupción en la administración pública y suponemos que también –aunque no lo expresara- por las mayores transgresiones a la ética y la moral que no son precisamente las que se identifican públicamente.

Tiene razón el profesor Bidó Medina en cuanto la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, que él preside desde su creación hace más de cuatro años, no está llamada a elaborar expedientes ni iniciar procesos judiciales. Pero debe cuidarse porque pareciera que sólo están utilizando su nombre, honorabilidad y prestigio para simular que se combate la corrupción, cuando en realidad se le utiliza como instrumento de un régimen de clientelismo y aniquilamiento moral de los que se enriquecen y de los que reciben migajas.

Y son las migajas las que se suelen denunciar y las pocas que alcanzan llegar al pórtico de la justicia. Por ejemplo de las últimas graves denuncias sólo se ha puesto alguna atención a las referentes a la Organización Técnica del Transporte Terrestre y al Programa de Reducción de Apagones. Pero han caído en el vacío las que se refieren a los grandes contratos, en violación de las leyes y hasta de la constitución,  no sólo tipo Sun Land o Peme, sino también los de la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

El nepotismo, el clientelismo, el rentismo político, el dispendio de los recursos públicos, el tráfico de influencia que multiplica la creación de costosas fundaciones, los barrilitos y cofrecitos, y las donaciones y las nominillas arropan a una gran parte de las instituciones del Estado, capítulos en los que esta nación ocupa también los últimos cinco escalones en la evaluación de 138 países del Foro Económico Mundial.

El deterioro ético y moral es tan grande que se justifica el asqueamiento del profesor Bidó Medina, pero no deja de causar pena que pretenda enfrentarlo colocando buzones en las oficinas públicas para que los empleados formulen denuncias, como si la corrupción y sus frutos no estuvieran a la vista de todos.

No es denuncias anónimas lo que falta, sino real voluntad política de combatir la corrupción. Pero primero que todo renuncia expresa a utilizarla como mecanismo de degradación y de clientela y renta política. En consecuencia la Comisión de Etica –y esa sí es su responsabilidad- tiene que presentar soluciones, mecanismos de contención de la gran corrupción, de los graves conflictos de intereses.

Primero que nada Bidó Medina debería rescatar la originaria promesa del doctor Leonel Fernández, en su primera campaña por la presidencia, de invertir la carga de la prueba. Eso sí sería una efectiva previsión, que los funcionarios y políticos, y hasta cualquier ciudadano, puedan ser procesados para que demuestren el origen de las fortunas que exhiben, de las que reparten y de las que invierten. También habría que promover normas para impedir que los funcionarios que administran el Estado puedan recaudar o recibir  fondos, públicos o privados, ni para actividades políticas ni sociales. Porque eso es fuente de tráfico y corrupción.

Ciertamente al profesor Bidó no se le puede pedir que sustituya al Procurador General ni a los fiscales, ni a la Cámara de Cuentas, pero que no salga con la ridiculez del buzón cuando hay tantas prevenciones efectivas que promover. Y si no le hacen caso, que renuncie.