Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
Recientemente, dos eventos de la vida pública dominicana han despertado la conciencia nacional hacia la pertinencia e inminencia de un cambio en el país, que desplace al despotismo corrupto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que mantiene al país en postración social y económica.
Estos eventos son la aprobación de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y el triunfo en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la Plancha “José Francisco Peña Gómez”, encabezada por la profesora Xiomara Guante, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones progresistas contra el PLD.
La Ley 33-18, que se discutía desde hace 16 años, porque el Congreso Nacional dominado por PLD no permitía aprobarlo, finalmente se consiguió, aunque con distorsiones innegables, por el apoyo del PRSC y luego del PRM. La razón de esta transacción es que garantiza que todos los partidos puedan usar el padrón que definan sus máximos organismos y que con las primarias terminará el “canibalismo” en que ha derivado el voto preferencial.
Quedan por corregir situaciones derivadas de dicha Ley, como permitir que se puedan escoger candidatos por simples encuestas, fácilmente manipulables, que obliga a los partidos nuevos a participar sin alianzas en sus primeras elecciones, limita la libertad de expresión y no permite se castigue de forma expedita y ejemplar sus violaciones.
Para las elecciones del 2020 la única fuerza política que es capaz de desplazar del poder a esa maquinaria despótica e hipócrita del PLD. Lo demás es sueño que solo generaría nuevas frustraciones al pueblo dominicano. Los números no mienten, de manera que lo que hay que hacer es enfilar los cañones de todas las organizaciones políticas y sociales contra el enemigo común de la democracia y el verdadero desarrollo, que es el PLD.
No menos importante es que el PRM, en todos sus niveles, comprenda que éste necesita nutrirse de fuerzas y figuras representativas, no solo de otros partidos y organizaciones sociales y económicas, sino incorporar nuevos actores a la dinámica social, como empresarios, que con algunas excepciones están sufriendo los rigores del costo de la vida, la carencia de servicios y la inseguridad que padecemos; profesionales que sufren la discriminación partidaria, dirigentes barriales y comunales olvidados, y más mujeres y jóvenes con vocación política, muchos a reclutar en las universidades y los sectores marginados.
Por de pronto la gran tarea que tiene el país es reclamar que se apruebe una Ley Electoral que permita elecciones libres y limpias, de acuerdo al mandato de la Constitución del 2010; lo que el PLD burló en las elecciones del 2012 y 2016. Es necesario convertir la lucha por una Ley Electoral confiable en una campaña nacional e internacional que salve al país del despotismo y la probable ruina, fruto del endeudamiento irresponsable, el caos social y la dilapidación de los fondos públicos.
Esa debe ser la consigna de la hora…
