¡Solución!

¡Solución!

El secretario de Salud Pública ha dicho que el gobierno dispone de una «plan de contingencia», para ser aplicado en caso de que los médicos al servicio de los hospitales del Estado declaren una «huelga indefinida». En ese plan, de acuerdo a los pronunciamientos que se atribuyen al funcionario, se contemplaría la «importación» de médicos procedentes de «varios países». Poco nada importa que esa «importación» viole la ley en la materia.

El secretario de Salud Pública, sin quererlo, por omisión, acaba de presentar la solución para que el Colegio Médico Dominicano desista, de una vez por todas de sus necios paros, paros que tanto daño causan a las personas más necesitadas.

Si el gobierno dispone de dinero para pagarle a los médicos ‘importados’ –se supone que éstos no trabajarán gratis-–, ¿por qué no se emplea ese dinero para aumentarle el salario a los profesionales del país, como ellos reclaman? Así, al mismo tiempo, se ahorrarían dólares, pues cabe imaginar que los médicos extranjeros no laborarán por pesos dominicanos.

HOY, en reiteradas ocasiones, ha expresado que los médicos están muy mal pagados. Lo hacemos una vez más. Como una vez más mostramos nuestra radical oposición a las huelgas insensatas que ningún beneficio han proporcionado a los médicos y muchos daños, eso sí, a quienes requieren de la asistencia en centros estatales porque no pueden accesar a los privados. No vemos razones para que las partes en pugna eviten sentarse alrededor de una mesa a discutir sus posiciones y a buscar una solución que beneficie a todos.

Ahora bien, con amenazas no creemos que se superen las dificultades.

Eso de que en caso de una huelga indefinida se encargaría a los médicos militares de los hospitales no es más que una bravuconada. La administración Balaguer, en varias ocasiones, trató de hacerlo y lo hizo, con resultados negativos. En primer término, el número de médicos militares es limitado y los profesionales disponibles tienen que satisfacer las necesidades de los centros castrenses.

Los médicos militares, cuando se les usó, tuvieron que cubrir horarios excesivos, que los agotaban en cada jornada de servicios. Tampoco pudieron cubrir todas las áreas médicas pues su número de especialistas era insuficiente. Y a fin de cuentas, no se pase por alto un hecho importante: los médicos militares son militares, eso es cierto, pero primero son médicos, por más que puedan disimularlo.

La fuerza no es la mejor razón que pueda invocarse en la búsqueda de una solución satisfactoria. Ni por parte del gobierno. Ni por parte de los médicos.

¡¿Transparencia?!

HOY saluda el anuncio oficial de que se construirá una «Ciudad Sanitaria» en la avenida Charles De Gaulle. Esa «Ciudad Sanitaria» dispondrá de cuatro hospitales, uno de traumatología, uno de maternidad, uno pediátrico y uno general, de especialidades.

El secretario de Salud dijo que el proyecto comenzará a desarrollarse dentro de treinta días, por lo cual se supone que las obras se harán de grado a grado, que todo ya está decidido, pues no es cierto que en caso de que se pueda llamar a un concurso público, en ese tiempo, se pueden realizar estudios y confeccionar planos y presupuestos.

También se da por descontado que la obra se haría con préstamos internacionales que llegarían a la respetable suma de noventa millones de dólares, préstamos que tienen que estar atados, pues ¿quién facilita una suma de esa magnitud con puras conversaciones que solo duren días, sin conocer el proyecto en detalle? Se deduce que esos préstamos no se concertarán con organismos multilaterales, pues éstos exigen, como condicionantes, los concursos públicos e internacionales.

Cabe suponer, también, que el secretario de Salud Pública tiene la certeza de que el Congreso Nacional aprobará más endeudamiento externo, considerando, por tanto, como insuficiente el ya existente.

Finalmente, el funcionario asegura que las obras se levantarán en una superficie de cien mil metros cuadrados, declarados de utilidad pública por el gobierno. En aras de la transparencia, muy útil sería que se divulgara el nombre o los nombres de los propietarios de los terrenos expropiados, pues se deduce que éstos son o eran de particulares. Convenientes sería, además, conocer el monto del valor pagado o a pagarse a los propietarios, pues el hecho de que exista una declaratoria de «utilidad pública», de acuerdo con la Constitución, conlleva a un pago previo, aunque eso, en realidad ha sido un auténtico relajo en todos los gobiernos, salvo los casos en que se quieran favorecer intereses determinados.

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