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La vivienda de alquiler es la única y verdadera solución para reducir el déficit habitacional, y esto se conseguirá si de deroga el decreto No. 4807 del 16-5-59, para que las relaciones entre inquilinos y propietarios sean armoniosas, y se fomente la construcción de viviendas   para alquiler mediante una ley que establezca un equilibrio en el mercado inmobiliario, que dé garantía al propietario y proteja los derechos del inquilino. Una ley justa que haga viable por consenso las relaciones constractuales y que además se construya una Vivienda de Protección Oficial, que dote al país de un nuevo producto que actualmente no existe, con un precio bajo, que pueda alquilarse con opción a compra, con una renta de RD$400 a RD$1,000 mensual, en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Puerto Plata, etc., pero sin restar fondos a los otros planes de construcción oficial de  viviendas, que actualmente desarrolle el gobierno.

Un programa de viviendas para alquilar, en los actuales momentos funcionaría con números muy justos, porque el precio del suelo es muy alto y sólo se conseguirá tierra a un precio reducido si el Estado vende a los promotores y constructores de viviendas a precio bien económicos y se modificaran, además, los costos de los impuestos para los urbanizadores y los permisos para construcción, tanto en la Dirección de Edificaciones de la Secretaría de Obras Públicas como en los Ayuntamientos y la Liga Municipal. Por eso somos partidarios de cualquier medida que sirva para crear suelos que promuevan viviendas económicas con protección oficial, que estén libres de gravámenes fiscales.

Toda acción que se tome sobre la posible reducción de precio de los solares y los impuestos que afecten a la construcción de vivienda se traducirá en una disminución en su valor de venta y una mayor oferta de unidades habitacionales.