José R. Martínez Burgos 
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Una ley justa, que haga viable por consenso las relaciones contractuales y que además se construya una vivienda de Protección Oficial, que dote al país de un nuevo producto que actualmente no existe, con un precio bajo que pueda alquilarse con opción a compra con una renta de RD$400 a RD$1,000 mensuales en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Puerto Plata.
Un programa de viviendas para alquilar, en los actuales momentos funcionaría con números muy justos, porque el precio del suelo es muy alto y sólo se conseguirá tierra a un precio reducido si el Estado vende a los promotores y constructores de viviendas a precios bien económicos y se modificaran además los costos de los impuestos para los urbanizadores y los permisos para construcción, tanto en la Dirección de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas como en los ayuntamientos y la Liga Municipal.
Toda acción que se tome sobre la posible reducción de precio de los solares y los impuestos que afectan a la construcción de viviendas se traducirá en una disminución en su valor de venta y una mayor oferta de unidades habitacionales.
No hay que olvidar que la construcción es un motor económico de mucho aprecio. Otra medida urgente a tomarse es la creación de un fondo para la rehabilitación y mejoramiento de las viviendas que se encuentran en malas condiciones. Un programa de esta naturaleza puede muy bien ponerse en ejecución con el Sistema de Ahorros y Préstamos, mediante un plan de intereses no mayor de (6%) seis por ciento con un aporte en efectivo del gobierno a dicho sistema y a plazos de pago a (30) treinta años.
