El presidente Hipólito Mejía sometió al Senado un proyecto de reforma y modernización de la Ley de Presupuesto que prohíbe a las instituciones del Estado el manejo discrecional de los recursos públicos y el endeudamiento administrativo irregular.

Para contrarrestar las anomalías, el proyecto dispone, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, multas oscilantes entre RD$25,000 y RD$100,000 contra los funcionarios que violen la Ley de Presupuesto.

La pieza también prohíbe que las instituciones públicas destinen los ingresos que reciban al margen de lo presupuestado para satisfacer necesidades específicas o particulares.

En el mensaje anexo, el jefe del Estado expresa que la normativa vigente permite el manejo discrecional de la asignación de recursos públicos y el endeudamiento administrativo irregular.

Observa, asimismo, que la Ley de Presupuesto vigente no fija la estructura presupuestaria adecuada para una medición del resultado fiscal que contribuya al equilibrio macroeconómico del país, «lo que se traduce en una administración presupuestaria incompatible con el citado proceso de modernización en marcha.»

Señala que «las nuevas reglas que proponemos tienden a garantizar la superación de una importante parte del retraso institucional del país y, al mismo tiempo, facilitar el control y la transparencia de la administración gubernamental.»

«El proyecto de referencia tiene por objeto reemplazar íntegramente la ley número 531, del 11 de diciembre de 1969, a los fines de armonizar la base jurídica de la materia de que se trata con el proceso de modernización que en términos prácticos se ha desarrollado al tenor durante la presente gestión gubernamental», añade el mandatario.

El artículo 18 dispone que ninguna entidad del Gobierno Central que perciba ingresos al margen del Presupuesto, podrá destinarlo a satisfacer necesidades específicas o particulares.

«Todos los ingresos en efectivo o en valores percibidos por las mismas deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria», agrega.

Indica igualmente que «los fondos de terceros depositados en la Tesorería Nacional, tales como los depósitos judiciales, fianzas y garantías, no podrán ser considerados ni utilizados como ingresos presupuestarios.»

Conforme al artículo 84, las multas oscilantes entre RD$25,000 y RD$100,000 serán aplicadas a los funcionarios que por negligencia o intención permitan la violación de la Ley de Presupuesto y sus reglamentos, de los manuales y de las normas específicas de carácter obligatorio, expedidas por el director de Presupuesto.

También se les aplicará a los que no presenten a la autoridad competente, la información requerida en la forma y plazos establecidos en la ley.

También a los que no ejecuten las acciones correctivas necesarias, especialmente las recomendadas por el director de Presupuesto.

El presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, remitió el proyecto a estudio de la comisión de Presupuesto, que encabeza el senador Manuel Emilio Ramírez Pérez (PRD-Elías Piña).